Hace 40 años se inició el proceso de democratización del país. Un tránsito dirigido por élites y fuerzas externas que requerían un contexto más proclive a políticas que impulsaban la apertura y liberalización de la economía y un rol muy distinto para el Estado que el que tenía durante el período de la Estrategia de Sustitución de Importaciones; un Estado con un rol disminuido que no era compatible, ni podía sostener ya un Estado en Guerra contra su propia población. Muchos aún recordarán que la crisis política de los ochenta se vivió a la par de una crisis fiscal y económica arrolladora. Ya no era viable mantener el país en un proceso inacabable de elecciones fraudulentas, golpes de Estado y tiranos tratando de enquistarse en el poder e imponer sus visiones a todos los demás. Además, el contexto mundial ya no era el mismo del período más álgido de la Guerra Fría.

Con las primeras elecciones generales de 1985 comenzó ese proceso de democratización que dio al país el primer presidente civil en mucho tiempo; no solo civil, sino electo en las urnas por los votantes. Con todas sus debilidades, desaciertos e imperfecciones, esta apertura sentó las bases para que una década después cesara la guerra y la gente intentara reconstruir la vida en un país mancillado por tanta violencia y tanta injusticia. Desde entonces han sido nueve los ejercicios electorales, cada uno más decepcionante que el otro, en muchos aspectos. En la coyuntura más reciente han retraído al país a situaciones que ya no se habían vivido en cuatro décadas. Hemos visto de nuevo gente exilada, presos políticos porque ya no se puede denominar de otra manera a lo que están viviendo personas como Jose Rubén Zamora y Virginia Laparra, pero también muchas comunidades y líderes comunitarios cuyos derechos de organización y participación política —inclusive su derecho a la vida— se han visto abiertamente conculcados por la propia institucionalidad llamada a protegerlos. Además, líderes encarcelados, comunidades expulsadas de las tierras que han habitado por siglos.

Es en este escenario que se supone que tenemos que ir a votar el domingo 25 de junio, en unas elecciones que comenzaron vetando el derecho a participar a varios candidatos, dejando en el proceso “mesa casi limpia” para algunas candidaturas. Acá ya no es tema de derechas o de izquierdas. Es escoger entre democracia y elegir una tiranía maquillada y antidemocracia y antidesarrollo para las mayorías.
Es cierto que la mayoría de la gente vive ajena al proceso político porque su principal afán, en pleno siglo XXI, es no pasar hambre, no pasar sed, no tener que migrar forzadamente por la falta de oportunidades e ingresos suficientes. Y no son solo ellos, lo que queda de clase media también está pasando por lo mismo: sin agua en sus casas, agotados en el tráfico de las ciudades y pueblos, con ingresos tan magros que apenas se logra irla pasando, en medio de deudas y desazones por mantener a su familia a flote. A la mayoría, más que la política, les interesa tener bienestar, pero no terminamos de ver el vínculo entre lograr eso y nuestro ejercicio ciudadano/electoral de cada cuatro años.

Por ello, si decide ir a votar este domingo, medite bien su decisión. Fíjese bien lo que marca en cada papeleta; entre tantos símbolos es fácil perderse o confundirse. Piense en esos miles de familias que dependen exclusivamente del agua de lluvia para tener que beber; de su pedacito de tierra árida para sembrar alimento, y sí, piense que usted y su familia urbana y de clase media que sale adelante a tragos y rempujones también se merecen un país donde vivir de manera digna y respetable sea la norma y no la excepción.