Como lo he venido diciendo desde hace tiempo, los días que faltan al 14 de enero seguro estarán llenos de muchas sorpresas. Dicho y hecho, apenas unas horas duró en el ambiente la noticia de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, cuando nos cae otra sorpresa: una veintena de órdenes de captura y más de media docena de peticiones para quitar el privilegio del antejuicio, entre las que se incluye al binomio presidencial electo. ¿Tienen algún fundamento válido todas estas acusaciones?

El caso que armó el MP gira alrededor de la toma de la Usac por parte de estudiantes y catedráticos de esa universidad, en desacuerdo con la elección del nuevo rector. La acusación se centra en que la toma ocasionó pérdidas al erario —no lo dicen correctamente, son pérdidas que tendremos que pagar todos los tributarios— por más de Q90 millones, aparte de otros daños.

Estoy muy de acuerdo con que se debe perseguir a quienes ocasionaron esos daños. Seguramente así lo dije en varias ocasiones durante la toma de la Usac y cuando fue “liberada”. Los responsables de esos daños deben ser acusados, llevados a juicio y, de ser probada su culpabilidad, sentenciados. Hasta aquí todo bien.

El problema es que la “hipótesis” del MP no termina allí. Argumentan los fiscales que los responsables no son solo quienes tomaron las instalaciones, sino que había toda una conspiración detrás de políticos que querían utilizar la Usac como trampolín político. El problema es que presentan como “pruebas” de la conspiración, mensajes que publicaron en las redes sociales algunos de estos personajes. Indican que, como estos mensajes se dieron en tiempos similares (un lapso de 14 meses) seguramente tienen que haberse puesto de acuerdo entre ellos para hacer una “campaña” en las redes sociales. Esta parte de la acusación me parece tan fumada, que me recuerda otras que ya hemos visto en Guatemala.

¿Se recuerda usted quién trajo al país las primeras hipótesis fumadas de supuestos crímenes? Ni más ni menos que la Cicig. El problema es que la Cicig ya pasó, pero sus métodos abusivos, prepotentes y, en muchos casos fantasiosos, se quedaron plasmados en la legislación y en el sistema de justicia guatemalteco, para desgracia de todos nosotros.

La actual “hipótesis” del MP es un calco de una que yo viví bastante de cerca hace una docena de años. El comisionado de esa época, Carlos Castresana, se molestó porque no toda la prensa se postraba a sus pies y armó un caso contra varios columnistas —en esa época todavía no eran tan extendidas las redes sociales— que, según él, se habían “confabulado” para atacar a la Cicig. En la colada se fueron dos de mis socios y amigos, Estuardo Zapeta y Marta Yolanda Díaz-Durán, así como otros columnistas.

No se imagina la risa que nos ocasionó cuando nos enteramos de la acusación. Por muy que somos socios y trabajamos juntos, nunca jamás nos pusimos de acuerdo en escribir “en conjunto” sobre algún tema. Que tengamos coincidencias de principios y por ello vamos a hablar o escribir de los temas “coyunturales” de manera similar es una cosa, pero de ahí a que andemos armando confabulaciones en contra de nuestros “enemigos” hay una gran diferencia. Afortunadamente, la acusación no prosperó y se cayó por su propio peso, luego de que los acusados la enfrentaron con valentía —por aquello de las dudas, ninguno salió huyendo—.

Pues esta acusación es muy similar. Los “ocupantes” cometieron delitos y deben ser llevados a juicio. Los que se manifestaban en las redes ejercían su libertad de expresión, derecho protegido por nuestra Constitución. ¡Cuánta razón tuvimos quienes nos opusimos a la creación de la Cicig desde que algunos oscuros personajes —que ahora merodean al Movimiento Semilla, por cierto— la plantearon como la panacea! Aunque haya tenido algunos aciertos, nos dejó un país completamente dividido y un sistema de justicia mucho peor del que se tenía antes.