Luego de interminables gobiernos autoritarios, con la constitución de 1985, producto del último golpe de Estado en contra de la sucesión programada de militares a la presidencia de la República de lo que ahora conocemos como Pacto de Corruptos, en 1986 Guatemala inició la era democrática. Transcurrieron 38 años.

Aquel hecho tuvo lugar en plena guerra interna iniciada en 1960 que terminó en 1996, cuando fue firmada la paz entre militares y guerrilleros; desbarajuste nacional que llevó al país a cotas inimaginables de pobreza, carencia de servicios, paupérrima educación y diezmado de la intelectualidad y de políticos probos y capaces. Así pues, las expectativas fueron grandes, en caminos tortuosos y terreno propicio para que la ambición acumulada prosperara. La apertura democrática fue la vía para acceder al poder público. Políticos inescrupulosos hicieron del Estado la mayor fuente de enriquecimiento fácil. La estrategia fue hacer colapsar las instituciones públicas poniéndolas al servicio de la corrupción, hacer que el Estado luciera ineficiente en sus funciones e incapaz en la operatividad de las empresas de servicios públicos con el objeto de venderlas al sector privado, presentándolo como la solución.

Sobre el deterioro de los tres poderes del Estado es inútil comentar, pues es conocido el bajo nivel al que fueron llevados. Para nuestro alivio, esa negra noche terminó oficialmente con el cambio de autoridades, el pasado 14 de enero… aunque los cancerberos siguen celando la entrada al inframundo. Hacer ineficiente la administración pública fue una estrategia política al amparo de la ausencia de un sólido régimen legal que permitiera el saqueo; mercenarios administrativos hicieron inoperable su funcionamiento a pesar del trabajo que desde el anonimato hacen los cuadros medios, administrativos, técnicos, profesionales y científicos, marginados de todo tipo de estímulo. Carencia que en reiteradas oportunidades se ha querido subsanar.

Me refiero a los intentos por actualizar la Ley del Servicio Civil, cuyo objetivo es garantizar a la Nación una gestión transparente, eficiencia y calidad de los servicios públicos a la vez de regular con justicia la relación entre la Administración Pública y sus servidores; promover la meritocracia y el estímulo en su trabajo. Incitar a hacer carrera burocrática con el fin de impedir que lleguen a los cargos de la administración pública personas incapaces y sin conocimiento para desempeñar el cargo: buenos para nada, pero amigos del político de turno a cargo de la institución. La ley actual es de 1968, dictada por el presidente Julio César Méndez Montenegro, uno de los pocos presidentes civiles de la era militar.

Durante el último proceso electoral, los guatemaltecos nos decantamos por poner fin a esos 38 años en los que los políticos mediocres mañosamente electos hicieron más daño del que la historia haya registrado. Esfuerzo que valida la sabiduría de aquel viejo refrán: No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Así, de manera clara y contundente, el pueblo eligió a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta de la República, por su limpia trayectoria profesional y el principio democrático de la Revolución de octubre de 1944 que inspiró la creación del Partido Movimiento Semilla. Revolución que generó una primavera democrática que duró 10 años, pues las fuerzas del mal, solapadas pero activas, desde entonces perfilaron a Guatemala como la finca que quisieron perpetuar.

Con esa elección florecerá la primavera democrática abortada en el 44; esta vez con más brillos. Hay mucho por hacer, empezando por actualizar y poner en vigor el régimen legal.