A contraluz
Seria amenaza a la institucionalidad
El Ministerio Público se ha lanzado contra el jefe de la SAT por haber denunciado a una mafia al servicio de Giammattei.
Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra descaro se puede entender como desvergüenza, atrevimiento o insolencia. Cualquiera de esos términos es apropiado para definir las recientes acciones del Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, con las cuales erosiona la institucionalidad del país. Hace más de cuatro meses que el jefe de la SAT, Marco Livio Díaz, denunció la existencia de una estructura de 410 empresas que habría incurrido en defraudación tributaria de entre Q300 millones a Q800 millones. La fiscal general no ha hecho ningún avance en la investigación de esta mafia y, al contrario, esta semana se lanzó contra el entorno familiar de Díaz, con lo que se percibe como un mensaje de que ella no va a permitir que se toquen los intereses del expresidente Giammattei, su pareja Miguel Martínez y sus aliados. A eso se agregan las amenazas que ha lanzado contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes entrarán a conocer la cancelación del partido Semilla por un juez penal.
Ayer por la mañana, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), dirigió el allanamiento de las oficinas de auditoría de los hermanos del jefe de la SAT. Este operativo es una acción intimidatoria que buscaría congelar las investigaciones que afectan a la estructura defraudadora. Un día antes, Díaz había denunciado la persecución que iba a lanzar el MP en su contra, para lo cual ha utilizado declaraciones de los empresarios defraudadores para fabricar un caso espurio. En otras palabras, el denunciante ahora es el perseguido. Curruchiche afirmó que su investigación se inició por denuncias presentadas en el MP hace cuatro meses, lo que coincide precisamente con el tiempo en el que Díaz dio a conocer el caso B410. Pero de las investigaciones de las empresas denunciadas no existe ningún avance porque, es obvio, Porras no va a tocar una estructura en la que tienen metidas las manos Giammattei y Martínez.
Consuelo Porras trata desesperadamente de evitar que el TSE pueda habilitar al partido Semilla.
Esta semana, Porras también se dejó ir contra los magistrados del TSE, a quienes conminó a no modificar el fallo de cancelación del partido Semilla por el juez Fredy Orellana. Estas amenazas surgen en forma precipitada, luego de que el Congreso aprobara una enmienda de la Ley contra el Crimen Organizado para evitar que esta normativa sea utilizada en contra de partidos políticos. Antes de que esa enmienda entrara en vigencia, el MP, confabulado con Orellana, canceló Semilla sin decir agua va y mucho menos respetar el debido proceso. Por ello, ese partido presentó una apelación ante el TSE, cuya presidenta ha dicho claramente que la cancelación de un partido es una atribución exclusiva del Registro de Ciudadanos. Previendo una resolución favorable a Semilla, el MP se fue con los tacos por delante contra los magistrados del TSE, con lo que no solo vulnera la independencia de esa institución, sino que atenta contra el andamiaje legal del país.
¿Por qué Consuelo Porras se cree un suprapoder que puede hacer y deshacer sin tener consecuencias? La respuesta es que el expresidente Giammattei dejó montada una estructura de corrupción e impunidad, que se articula con instancias políticas, empresariales y judiciales. La jefa del MP es el brazo ejecutor y se considera protegida por esa red, en particular por el Organismo Judicial, en manos de un buen número de magistrados que responden a los intereses de la cleptocracia, así como por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ese es el poder paralelo que atenta contra el Organismo Ejecutivo y aquellas instituciones que se interponen en su camino. Lástima grande que al presidente Arévalo le ha temblado la mano para poner fin a ese reino de terror que ha impuesto Porras, que no solo es una piedra en sus zapatos, sino una seria amenaza contra la institucionalidad del país.