El viernes anterior fue escenario de dos hechos increíbles. Uno, un nuevo descaro de abuso de autoridad, no sorprendió a nadie a pesar de su extrema gravedad: el Tribunal Supremo Electoral fue rodeado de policías, quienes entraron con violencia a apoderarse de los documentos de las dos vueltas electorales y agredieron a los magistrados cuando trataban de protegerlos. El ilegal allanamiento no hubiera sido posible sin la orden directa de Consuelo Porras y de Alejandro Giammattei. El encargado de ese oficialista sicariato legal, por supuesto, fue Rafael Curruchiche, quien se negó a declarar a la prensa porque “el caso está en reserva”. De nuevo, una burla a la ley y una prueba más del plan de anular las elecciones, para horror de quienes se empeñan en ver legal todo este escarnio.

Este subalterno directo del impresentable oficialismo repitió hasta la saciedad esa excusa y la justificó como “la única manera de salvar la democracia”. ¡Por Dios santo! A las pocas horas llovieron nuevas críticas internas (Cacif, Cámara de Comercio, juntas electorales, Conferencia Episcopal, y otras) y externas (ONU, OEA, Estados Unidos, España, Unión Europea). Ninguno acepta la declaración de Curruchiche, para quien es necesaria esta afrenta ilegal, absurda y malintencionada. Cada vez es más claro: la dictadura oficial y declarada está a pocos metros de distancia. Lo ocurrido reafirma la decisión de no entregar, aunque Giammattei lo haya dicho numerosas veces con sus comunes mentiras. Está dispuesto a todo, y no comprenderlo es un grave error ciudadano.

El segundo hecho de la semana fue el error de Bernardo Arévalo al viajar a la inútil reunión del Grupo de Puebla, donde están campeones de la antidemocracia como Rafael Correa, Evo Morales, José Luis Rodríguez Zapatero, hermanados por ser socialistas, acusados de corrupción y de cambios constitucionales y sobre todo con ánimos de reelección. Mala decisión y peor asesoría. Se vio obligado a regresar antes y de esa manera intentó borrar el resbalón de haber viajado a una reunión sin importancia alguna cuando su papel está en Guatemala ante las arremetidas oficialistas y porque eso espera la ciudadanía. Ir a ese foro de discursos sin efecto alguno fue un error grave, como lo son todos los yerros políticos. Ojalá sea una lección, dura pero merecida.

En el grupo internacional de apoyo a Bernardo Arévalo está la ONU, la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea, alarmados por el descaro oficial e interesados en apoyar el respeto a los resultados electorales. No necesita declaraciones positivas de esos expresidentes, porque si los tiene o no, da lo mismo. En Guatemala hay tres grupos: a) lo rechazan, b) le dan el beneficio de la duda, c) lo apoyan. Todo político debe cuidarse de los lugares donde va, con quién se comunica, y medir con frecuencia cómo cambian los porcentajes según cada decisión o acción. El frente interno es el más importante, y es más volátil. Para repararlo, se obliga endurecer su discurso, ser siempre enérgico y tener un círculo cercano encargado de asesorarlo en base al sentido común.

La situación política guatemalteca cada vez empeora más. La solicitud presentada por Semilla ante la Corte de Constitucionalidad es la última instancia para terminar con esa incertidumbre, justificada porque es cándido creer en las afirmaciones oficiales. La CC tiene una única oportunidad: inspirarse en el TSE, abandonar el torpedeado barco del oficialismo y su oscura marinería, para realizar su verdadera y ahora crucial tarea. Por sus acciones, a veces cobardes, se le percibe como participante del oficialismo giammatteísta, pero puede reivindicarse al apoyar el respeto a las elecciones, sus resultados y la confirmación por el TSE. El MP se contradice cuando justifica su actuación debido a temas penales. La CC puede detener en seco a esos abusos, verdaderos crímenes históricos.