Una búsqueda en internet con la frase “fiscales y jueces de Guatemala en el exilio” ilustra el estado de la narrativa sobre la percepción de la justicia en el país y quién está ganando el pulso mediático. “Washington, la capital de la justicia guatemalteca en el exilio” y “La guerra contra los jueces y fiscales independientes”, del diario español El País. “Guatemala: al menos 13 exfiscales se encuentran en el exilio”, de DW de Alemania. “Fiscal anticorrupción destituido en Guatemala deja al país” y “Conocida jueza guatemalteca dimite y sale al exilio”, de Swissinfo en Suiza.

“La ONU está preocupada por la persecución a jueces y fiscales”, mientras el LA Times lanza la pregunta capciosa “¿Por qué Guatemala persigue a jueces y fiscales?” No pregunta si Guatemala persigue a jueces y fiscales; lo da por hecho y pregunta por qué. Estas comunicaciones tienen el mismo tenor: jueces y fiscales en Guatemala, que desde sus cargos luchan contra la corrupción, se han visto obligados a salir del país porque se sienten perseguidos y no confían en el sistema de justicia. Aquí no se discute si el tenor de estas comunicaciones, la narrativa que promueven, es verdadera o falsa; solo se propone que ocupan mayor espacio mediático, tanto en el país como en el extranjero.

El ampliamente comentado artículo titulado “El exilio de los esfuerzos anticorrupción de Guatemala”, escrito por Jonathan Blitzer, publicado el pasado 29 de abril en la revista The New Yorker, es muestra del punto de vista imperante. Se desarrolla sobre la gesta de cinco figuras heroicas; los fiscales Rudy Herrera, Juan Francisco Sandoval y Andrei González, la jueza Érika Aifán y la ex fiscal general Thelma Aldana. Una foto del quinteto acompaña el titular del artículo; tienen en común su implacable lucha contra la corrupción y salvarse por un pelo de las garras del mal, saliendo al exilio. El autor no puede evitar introducir la política doméstica de EE. UU. en el drama y cita a un alto funcionario del Departamento de Estado que le relata cómo “ciertos políticos, hombres de negocios y miembros del crimen organizado [en Guatemala] creen poder sobrevivir esta administración [de Joe Biden] y esperar por otra, como la de Trump, que esté dispuesta a tolerar la corrupción”. Llama la atención cómo los empresarios se conjuntan con políticos y miembros del crimen organizado; una común forma subliminal de descalificación.

La narrativa no cansó de señalar que el nombramiento de Consuelo Porras para un segundo período al frente del MP sería prueba irrefutable de su hipótesis. El presidente Giammattei les cumplió, dibujó una línea en la arena, contra los explícitos deseos del Departamento de Estado.

Los casos y circunstancias de fiscales y jueces que salieron del país no son todos iguales. Algunos de estos actores tienen su propia agenda; cambiarse de equipo, trasladarse a Washington para protagonizar en los corredores de poder puede servir a sus propios intereses. Sin duda, el sistema de justicia está podrido, infiltrado por agendas perversas y manipulado por intereses políticos. Esto no se traduce automáticamente a la idea de que todos los otrora funcionarios en el exilio constituyan la luz de la resistencia en el exilio.

Hay otros puntos de vista y narrativas sobre el contexto de algunos de los supuestos exiliados, pero tienen menos volumen. Si hay legítima causa legal contra algunos de los exiliados, ha faltado elocuencia persuasiva; ya el debate se dibuja más en el campo ideológico que en el estrictamente jurídico. Se forma una tormenta diplomática contra el statu quo en Guatemala.