El fiambre que han propuesto para que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) absorba y concentre las funciones, jurisdicciones y presupuestos tanto de Ocret como del Inab, Conap y cuatro autoridades de lagos nos debiera hacer temblar, al no estar bien analizadas o discutidas. Se preguntarán mis lectores ¿por qué? En primera instancia, a pesar de que el Marn ha contado con algunos buenos ministros, nunca ha tenido la experiencia de aglutinar tantas instituciones juntas.

Si la ahora famosa iniciativa de ley 6054 y otras como la 6055 y 6021, que han complacido a muchos diputados al Congreso, cobran más fuerza, podría crear nefastas consecuencias en torno a nuestros recursos naturales y, por ende, al Estado por igual. Ni se diga, el retroceso a la administración pública ambiental.

No tienen ni pies ni cabeza estas improvisadas iniciativas de ley. Si las analizamos, algunas están bajo la Presidencia y otras, bajo la Vicepresidencia, y todas tienen competencias diferentes y juntas directivas específicas. Según colegas ambientalistas, debilitan las instancias directivas ya creadas que favorecen la participación y la buena gobernanza ambiental.

Según las organizaciones de la sociedad civil de Ambiente y Recursos Naturales representadas ante el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y la junta directiva del Instituto Nacional de Bosques (Inab), nos hacen ver que estas iniciativas no tienen un sólido sustento técnico, no han sido consultadas con la población u organizaciones de ambiente y muchos piensan que lo único que buscan es debilitar la legislación y las instituciones ambientales del país.

La junta directiva del Inab, por ejemplo, ha acompañado al sector público ambiental en impulsar la conservación y manejo sostenible de la naturaleza dentro y fuera de las áreas protegidas del país, y de pasar la iniciativa 6054, tiraríamos por la borda el trabajo que ha venido haciendo esta junta directiva por más de cuatro décadas. Crearía, además, discrecionalidad al otorgamiento de los incentivos forestales del Inab y, por ende, perderíamos funcionalidad y recuperación de los bosques, y habría posibilidad de mayor corrupción. ¿Seguimos con más razones? Resumiendo: no solo debilitarían los pocos controles y sanciones que existen, sino que exonerarían de multas a los infractores de las leyes ambientales.

Por ende, opongámonos a estas iniciativas de ley, pues no han sido suficientemente discutidas, y mal hechas podrían dar paso a la discrecionalidad, el clientelismo y la corrupción, o a la emisión de permisos y licencias de extracción irracional y destrucción de la naturaleza dentro y fuera de las áreas protegidas. Recordemos además que dentro de muchas áreas protegidas se encuentran los vestigios mayas, que quedarían a merced de quienes las gobiernen.

Por ello me sumo a la posición de no aprobar las iniciativas de ley 6054, 6055 y 6021, que debilitan las leyes e instituciones ambientales. Si Ud., amigo lector, está conmigo en esta posición de rechazar estos disparates, escriba una carta al Congreso o en redes sociales oponiéndose. No queremos ver que se acelere la dramática degradación y destrucción ambiental que está sufriendo el país.

El Marn no es el enemigo a vencer. No es el monstruo; al contrario, hay que fortalecerlo, pero no de la manera que se propone. Lo que debiera hacerse es revisar a corto plazo cómo deben funcionar estas instituciones, haciéndoles una reforma legal e institucional sobre sólidos análisis técnicos y jurídicos y amplias consultas. Sería una forma certera de ir caminando por la ruta correcta, pero nunca de la forma que proponen estas iniciativas de ley.