El inicio del nuevo gobierno y la puesta en marcha de su plan de trabajo que busca abordar profundos desafíos de derechos humanos es, indudablemente, una oportunidad significativa. Reiteramos la disposición para acompañar estos esfuerzos con profundo compromiso y ánimo constructivo.

En ese espíritu de cooperación y sin pretender tener una receta única, planteo algunas acciones que considero estratégicas y que contribuirían a apuntalar el importante trabajo de las autoridades hacia la realización de los derechos humanos, sin dejar a nadie atrás. Son temáticas que hemos seguido desde nuestra observación y asesoría técnica con distintos actores a través de los años.

Para reducir brechas estructurales es imprescindible priorizar políticas, estrategias y medidas concretas que aseguren el acceso, en condiciones de igualdad y sin discriminación, a un nivel de vida adecuado con educación, trabajo digno, alimentación y salud para la población, especialmente para mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, niñez y juventud, personas LGBTIQ+ y migrantes.

Para abordar la exclusión y el racismo sistémico que enfrentan pueblos indígenas y afrodescendientes es primordial adoptar acciones para proteger y realizar sus derechos a las tierras, territorios y recursos naturales; implementar diálogos, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; garantizar la propiedad intelectual colectiva y la salud con pertinencia cultural, entre otros, avanzando además en la implementación de sentencias que protegen estos derechos.

La garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres precisa que el combate a la discriminación por razones de género aplique un enfoque interseccional, erradique los altísimos índices de violencia en su contra, facilite su acceso a la justicia y medidas de reparación, promueva su efectiva participación, así como sus derechos sexuales y reproductivos. Esto aplica también con relación a personas LGBTIQ+. Un marco normativo que reconozca a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y garantice sus derechos es una tarea pendiente.

La aprobación, de manera coordinada con sociedad civil, de la política pública para la protección de quienes defienden derechos humanos constituiría un compromiso inequívoco de las autoridades con los derechos humanos; igualmente relevante es garantizar el espacio cívico, a través del pleno ejercicio de las libertades de expresión y prensa, asociación y manifestación pacífica.

Guatemala tiene importantes pendientes en el acceso a la justicia. La deuda histórica de una reparación digna y transformadora para las víctimas del conflicto armado interno, incluyendo los derechos a la memoria (con el debido tratamiento a los archivos históricos), la verdad y la justicia, debería saldarse a la brevedad. Igualmente urgente es tomar medidas para la protección integral de operadores/as de justicia.

Para atender la conflictividad agraria y dar respuesta a pueblos indígenas y campesinos, es indispensable reactivar procesos de diálogo efectivos a través de mecanismos de coordinación entre las instituciones competentes; respecto de los desalojos, asegurar la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos, incluido el reconocimiento de las distintas formas de propiedad.

El cumplimiento de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos es imprescindible y requiere de un proceso participativo y amplio, que permita el diálogo entre distintos sectores para establecer un marco claro a través de un Plan Nacional de Acción; en esto, el rol de promoción y protección del sector privado es vital.

El Congreso también tiene la oportunidad para priorizar una agenda legislativa de derechos humanos, basada en recomendaciones hechas a Guatemala por mecanismos internacionales, como la aprobación y ratificación de varios tratados internacionales

El éxito de estas acciones está estrechamente vinculado al necesario fortalecimiento de las instituciones democráticas y el estado de Derecho, que genere un ambiente de confianza y diálogo participativo de todos los sectores. Asimismo, se requerirá afianzar las capacidades de derechos humanos del funcionariado, que me parece se debilitaron en los últimos años.