María Consuelo Porras Argueta, reelecta fiscal general por el Pacto de Corruptos, sigue imparable en su afán por destrozar lo que nos queda de democracia. Ella y su camarilla reconvirtieron al Ministerio Público (MP) en una herramienta de persecución y represión cuyo objetivo primordial es mantener el sistema de corrupción e impunidad en el país.

Y si para eso hace falta romper el orden constitucional, dando un golpe judicial que se traiga abajo el proceso electoral y continuar con la persecución penal arbitraria, ilegítima e ilegal en contra de operadores de justicia, activistas sociales, defensores de derechos humanos, abogados litigantes, opositores políticos y periodistas, Porras está más que dispuesta.

Al final, sabiendo que ya no tiene nada más que perder porque se consagró como una actora corrupta nacional e internacionalmente, decidió poner el pie en el acelerador para intentar que no cambie la correlación de fuerzas y que el Gobierno siga bajo el control del Pacto, aunque el pueblo ya haya decidido lo contrario con su voto. O, si no lo logra, llegar al 14 de enero con un récord de capturas y procesos judiciales —espurios e ilegales— contra todos aquellos considerados por ella y sus socios como enemigos del régimen.

Por supuesto que no está sola en esta cruzada de criminalización. La acompaña una estructura judicial corrompida hasta los cimientos cuyas caras más visibles son Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, “fiscales” de la Feci, y los “jueces” Jimi Bremer y Fredy Orellana. Y pongo fiscales y jueces entre comillas porque más que juzgadores actúan como sicarios judiciales que utilizan el poder coercitivo del Estado no para hacer cumplir la ley, sino para retorcerla.

Por eso la captura de la abogada Claudia González no tiene otra explicación que “castigarla” por su trabajo como mandataria de la extinta Cicig y por su impecable defensa en los casos espurios en contra de abogadas de la comisión internacional y exfiscales del MP como Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra, Siomara Sosa y Leily Santizo, solo para nombrar a algunos. Además, como ya se hizo costumbre, la estrategia es perseguir a las y los defensores para dejar a quienes se acusa en estado de absoluta indefensión, como ya lo hicieron con el periodista Jose Rubén Zamora.

Claudia González es una mujer íntegra e incorruptible. Durante su trabajo en la Cicig conoció casos de altísimo impacto en los que estaban involucrados personajes de los sectores de poder fáctico que hasta aquel momento eran considerados “intocables”. Son esas personas que volvieron a manejar los hilos de la justicia tras el cierre de la comisión internacional y la recaptura del MP, quienes están detrás de su persecución. Sí, los mismos victimarios de los operadores de justicia, activistas y periodistas que están en la cárcel o se vieron forzados a salir al exilio.

Es el mismo modus operandi diseñado por el Despacho de la Fiscalía General en el octavo piso de Gerona el que se siguió en contra de la abogada González. Mismo juez, mismas características del operativo (aunque para disimular cambiaron de fiscalía) y misma estrategia de amedrentamiento y difamación en redes, incluida la “filtración” de información a través de cuentas de netcenter.

Ya el viernes habíamos tenido un adelanto de lo que se vendría cuando Porras Argueta presentó una acción ante la CC en un intento grotesco por acallar las voces críticas hacia su gestión, buscando a través de la Ley de Orden Público reprimir manifestaciones y censurar a la prensa independiente y a usuarios de redes sociales. Menos mal la CC le denegó el amparo mordaza.

Renuncie, señora Porras, usted es parte del presente autoritario que tenemos que superar y su permanencia en el MP es incompatible con la democracia.