“Estamos acá en la emergencia del Hospital San Juan de Dios (HSJD). El servicio está colapsado, con una gran cantidad de necesidades. Damos desde acá, desde este lugar, un mensaje de rechazo y de repudio a las acciones inconscientes de esos 109 diputados, y especialmente de la junta directiva del Congreso, que aprobaron ese traslado de fondos de 600 millones de quetzales. Queremos de vuelta ese presupuesto para que se invierta en los hospitales. En salud, que es a donde tiene que ir”.

Estas son las palabras del doctor Napoleón Méndez, jefe de la emergencia del HSJD, en un video en el que pueden verse el hacinamiento y las condiciones deplorables en que se ven obligados a atender a cientos de pacientes que llegan a diario en busca de tratamiento. Equipos en mal estado, personas en el suelo o en sillas plásticas, bolsas de suero colgadas con un lazo para sostenerlas y cajas de cartón para soportar los respaldos de las camillas son algunas de las imágenes que muestran las carencias y el abandono en que se encuentra uno de los hospitales más grandes del país.

Otro doctor, rodeado de varios de sus colegas, enfatiza: “Exigimos al Congreso, de parte de los médicos del San Juan de Dios, los Q600 millones que hacen falta para cubrir todas las necesidades del pueblo de Guatemala”.

Ambos se refieren a la aprobación de un “bolsón financiero” que la aplanadora oficialista del Legislativo aprobó por Q1 mil millones para un supuesto fondo de emergencia que se podrá utilizar a discreción y sin candados presupuestarios. Para lograrlo trasladaron Q600 millones destinados para la compra de vacunas anticovid y Q400 millones del plan de emergencia vial que votaron unos días antes (Prensa Libre, 23/7/22).

Bancadas de oposición y organizaciones que fiscalizan el gasto público denunciaron que esta aprobación tiene un trasfondo político y que el destino del dinero será beneficiar al oficialismo y a sus aliados en la campaña política de 2023. En una frase: aprobaron una piñata electoral.

“Nos sentimos desesperados, con todo el sector de salud colapsado (…) Nos están quitando el derecho a poderle dar a la gente la salud primordial y digna que necesita”, dijo una doctora especialista en Ginecología que presta sus servicios en Puerto Barrios y que viajó hasta la capital para participar en una protesta frente al Congreso. Cuando el personal médico y de Salud tiene que salir a manifestar para denunciar que se están desviando recursos que podrían servir para la compra medicinas, equipos e insumos, y que hay pacientes cuya condición empeora e incluso pueden fallecer porque no reciben un tratamiento adecuado, estamos frente a una verdadera crisis nacional y de violación a los derechos a la vida y a la salud garantizados en la Constitución.

Y si a eso le agregamos que dinero existe pero se privilegia el saqueo a costa del sufrimiento y las enfermedades de la población, ya no se trata solo de irresponsabilidad en el ejercicio de los cargos, sino de una deliberada asociación para el enriquecimiento ilícito, la corrupción y la manipulación del proceso electoral. Dado que el TSE y el Ministerio Público se tapan con la misma chamarra, de estas instituciones nada podremos esperar.

Si la mayoría de diputados, funcionarios, el ministro de Salud, el presidente Giammattei y el resto de su gabinete tuvieran la mitad del compromiso, la dignidad y la ética de las y los médicos y del personal de salud que están defendiendo la vida de nuestro pueblo, no ocuparíamos en el último lugar de vacunación anticovid de América Latina y la red hospitalaria no estaría en trapos de cucaracha.

Respaldarles y exigir que devuelvan e inviertan los Q600 millones para atender las múltiples necesidades que existen en Guatemala en materia de salud, es un imperativo.