Criterio urbano
Reforma judicial en México es un retroceso para la inversión
Falta de certeza jurídica agudizaría la migración hacia el norte.
El Gobierno de los Estados Unidos, bancos e instituciones financieras, organizaciones empresariales y de derechos humanos, así como de sociedad civil y de la academia, han alertado que la reforma judicial impulsada por el oficialismo en México representa un riesgo para las inversiones y la democracia en el país.
El avance del autoritarismo y la degradación institucional
En su red social X, la Embajada de los Estados Unidos publicó la declaración del embajador Ken Salazar: “La elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política. El debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, así como la política feroz si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que Estados Unidos y México han construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”.
A esta preocupación se han sumado organizaciones de derechos humanos y empresariales mexicanas como la patronal Coparmex, que en un comunicado mencionan que “la posibilidad de elegir jueces y magistrados de manera popular, tal como se plantea en la reforma, es motivo de gran preocupación. Esta propuesta puede comprometer la independencia judicial, un pilar fundamental de la democracia. En lugar de erosionar la confianza pública y la estabilidad jurídica, debemos enfocarnos en fortalecer los mecanismos de selección y evaluación de quienes administran justicia, asegurando que su experiencia y competencia sean los criterios centrales en su nombramiento”.
El presidente López Obrador, por su parte, parece convencido de la reforma y en el sentido más populista mencionó que con esto se dará “un beneficio para todos. Logrando que en el país haya un auténtico estado de Derecho, que no esté el Gobierno al servicio de un grupo, que el Gobierno represente a todos los mexicanos, ricos y pobres”, según reportó el diario El País.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum marcó distancia frente a las reservas de la Embajada de los Estados Unidos sobre la reforma judicial, y refrendó su respaldo a la elección de jueces por voto directo. Esto, por supuesto, pondrá más presión a los órganos de justicia en México, debido a la alta influencia no solo del poder político, sino de los mismos carteles de la droga, que como hemos visto en las noticias por la captura del Mayo Zambada, tienen una importante influencia en los gobernadores mexicanos y pone en riesgo las inversiones que el nearshoring pueda generar para México.
Si los poderes políticos no reflexionan sobre los peligros a futuro de eliminar la división de poderes en México, la propuesta seguramente será aprobada y comenzaremos a ver más migración hacia los Estados Unidos, como resultado de una falta de confianza de la inversión y mayor inestabilidad en la región, que tendrá un efecto colateral negativo hacia nuestro país en la medida que el crimen organizado se fortalezca.
Sin duda, la reforma judicial en México tendrá un impacto negativo en la calificación de riesgo país. Ya la calificadora Fitch Ratings advirtió de que la reforma judicial podría afectar de forma negativa su calificación soberana, y el banco de inversión Morgan Stanley anunció la degradación para invertir. Se prevé un clima de inversión muy complejo para México.
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