La alianza oficialista, encabezada por el presidente Alejandro Giammattei, intenta por todos los medios evitar que tome posesión el presidente electo, Bernardo Arévalo. El objetivo del golpe es mantener el statu quo para continuar la piñata de los recursos del Estado. Pero si no logran quitar del camino al nuevo mandatario, han diseñado la opción B: atar al próximo Ejecutivo a un presupuesto cuyas llaves estarán en poder del Legislativo. Aunque tiene el nombre de presupuesto nacional del 2024, en realidad es un plan de saqueo que solo responde a las ambiciones de un grupo de delincuentes que se hacen llamar diputados. De esta manera no solo se asegurarían someter al constante chantaje a la nueva administración, sino que el engendro que crearon busca el fracaso del presidente electo porque es imposible gobernar con tales ataduras y compromisos espurios.

A medianoche y protegidos por una muralla policial, los diputados de la alianza oficialista impusieron un plan desvergonzado que trata de que continúe su fiesta corrupta. La bancada del partido Semilla solicitaba unas 160 enmiendas al dictamen para reformular las asignaciones presupuestarias, pero ni siquiera les prestaron atención. La agenda estaba definida y solo era cuestión de que los diputados apalabrados levantaran la mano para aprobar el peor presupuesto de la historia del país. Más de Q5 mil millones están destinados para unas 40 organizaciones no gubernamentales, la mayoría propiedad de diputados o que ni siquiera existen. Estas entidades de cartón son la forma de apropiarse fondos del Estado sin realizar ninguna obra y constituyen un premio a la lealtad a los intereses del presidente Giammattei. Otra trastada es que con este presupuesto se obliga al próximo gobierno a pautar publicidad en forma exclusiva con el monopolio de medios del mexicano Ángel González, lo cual es ilegal y contrario a la Ley de Contrataciones.

La fiscal general, Consuelo Porras, es la niña bonita del presidente Giammattei porque le cumple sus caprichos, y por eso le da fondos sin límites. Durante su mandato, el Ministerio Público (MP) tuvo un incremento del 76 por ciento en su presupuesto. En el 2019, tenía Q1 mil 700 millones, el cual se había incrementado en el 2023 a Q3 mil 475 millones. En el plan de gastos del 2024, al MP le asignaron Q3 mil 664 millones, además de incluir una prohibición de que no se puede reducir su presupuesto, lo que carece de toda justificación técnica, pero obviamente tiene mucha intencionalidad política en contra del presidente electo. Estas veleidades contrastan con la reducción de recursos en áreas vitales para la población. A Salud le quitaron Q300 millones; a Gobernación, Q325 millones; y a Desarrollo, Q325 millones. Entonces, vemos que el presupuesto del próximo año no está diseñado para atender las necesidades básicas de los guatemaltecos, sino para responder a los intereses de los aliados de Giammattei.

De esta manera, la alianza oficialista se aseguraría de seguir gobernando desde el Congreso porque tendría de rehén al próximo presidente. Giammattei acostumbró a los diputados aliados a un sobresueldo igual a su salario. Como ya no tendrían ese ingreso, se idearon que el próximo Ejecutivo debe ir al Congreso a pedir autorización para cualquier operación presupuestaria, lo que, lógicamente, significaría tener que aceitar la maquinaria con dádivas monetarias o con obras. Esa es la jugada que tratan de imponer los corruptos. Tal subordinación está reñida con el principio de separación e independencia de poderes del Estado. Con esta fórmula, el Ejecutivo estaría supeditado al Legislativo. Esa es una de las inconstitucionalidades que tiene el presupuesto del 2024 y una de las principales razones por las que el presidente Giammattei debe vetarlo, como lo demandan diversas instituciones y sectores del país.