¿Qué ha pasado con el caso B410?
Según la SAT, las cifras de la evasión en el caso B410 podrían alcanzar los Q800 millones.
Le toca al Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras responder por el caso de evasión de impuestos más grande de nuestra historia, sucedido durante los últimos tres años del gobierno de Alejandro Giammattei y los primeros meses del gobierno de Arévalo. Eso planteó desde el inicio claras dudas: la primera es si la fiscal general, señalada por la obstrucción de varias investigaciones anticorrupción, haría algo en el sentido de la justicia; la segunda es si, habiendo cobijado Porras al expresidente Giammattei bajo el manto de la impunidad tantas veces, incluso en casos como el de la “alfombra mágica”, llevaría el caso B410 a un buen término.
Según la SAT, las cifras de la evasión en el caso B410 podrían alcanzar los Q800 millones.
La denuncia presentada el 14 de agosto por el recaudador de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, está en el MP. ¿Qué ha pasado con el caso? Dicen que ya han comenzado a investigar a cinco de las 410 empresas que evadieron pagar Q300 millones y se metieron en el bolsillo la módica suma de Q6 mil 400 millones. Esto es un crimen de proporciones gigantescas en un país con los niveles de pobreza y pobreza extrema que tenemos. La suma evadida alcanzaría para 82 mil 540 salarios mínimos mensuales o para 122 Ferraris, según el reportaje de Carlos Kestler en Plaza Pública.
Un mismo notario inscribió a tres cuartas partes de las 410 empresas, todas registran una off shore en Belice, todas tienen el mismo representante legal, más de cien de estas empresas usan los servicios del mismo contador, la dirección registrada como sede de la estructura no existe, más de 200 carecen de activos para prestar servicios al Estado, dice el reportaje de Kestler. ¿Y de dónde salía la mayor erogación estatal para estas empresas? Del Ministerio de Comunicaciones de Giammattei, donde estaba Javier Maldonado, y del de Arévalo, cuando aún estaba la ministra Jazmín Vega, a la cual el presidente actual le pidió la renuncia, luego de denuncias por supuesta corrupción. Este ministerio ha sido la caja fuerte de personajes tan oscuros como los mencionados antes, y de otros como Alejandro Sinibaldi, Enrique Corado y José Luis Benito, todos favorables a los designios de la patronal durante la última década. Es un enorme respiro que haya allí hoy un ministro como Félix Alvarado, que no viene de las estirpes políticas corruptas ni está dispuesto a sostener la tradición de la corrupción.
La estructura denunciada públicamente supera a la de La Línea que sale a luz en 2015. Como sociedad, ¿estamos siguiendo el caso o ya lo olvidamos? El 10 de octubre de este año, el gobierno de Arévalo denunció un fraude en el Hospital San Juan de Dios y señaló al Grupo Propela, S. A. Resulta que Propela es una de las 410 empresas señaladas como evasoras de impuestos. La empresa, según la nota de María José Longo en Ocote, “está involucrada en una serie de compras fraudulentas al Hospital General San Juan de Dios; obras adjudicadas en áreas que no existen, que no se hicieron o eran innecesarias”. Nadie sabe nada del mantenimiento de tuberías de drenajes del edificio de maternidad, ni del mantenimiento de la luz de todo el hospital, ni del dinero que se usaría para las luces de orientación de los aviones, ni del mantenimiento a la losa del área anexa a la morgue. Esta misma empresa le vendió Q12 millones al Ministerio de Salud en productos publicitarios como sombrillas, tazas y portacondones, para una campaña a favor del uso del condón. Todos los productos, sobrevalorados. Hechos como estos vinculan directamente a la corrupción con la falta de acceso a la salud en un país donde esta es un lujo y las medicinas tienen uno de los precios más caros del mundo. Según la SAT, las cifras de la evasión en el caso B410 podrían alcanzar los Q800 millones, cantidad idéntica a la del presupuesto anual de hospitales como el Roosevelt o el mismo San Juan de Dios. La bola está en la cancha del MP.
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