La preestablecida duración de cuatro años en un puesto de alta responsabilidad y visibilidad en el gobierno pasa rápido. El primer año es para subir en la curva de aprendizaje y atender la presa de problemas heredados, formular objetivos, metas y la configuración de un equipo de trabajo competente y leal —a la misión o al jefe—. El segundo y tercer año se ocupan en implementar planes, encaminar metas y aumentar la productividad de un equipo compenetrado. El cuarto y último año es para preparar la salida, dejar alfiles colocados y asegurarse que no queden esqueletos en los armarios.

Ya está integrada y juramentada la comisión de postulación que propondrá a seis candidatos para que el presidente nombre al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público, que durará cuatro años en funciones, iniciando el próximo 17 de mayo. El ideal de la comisión de postulación es que un cuerpo colegiado de expertos honorables elabore una nómina con los nombres de seis individuos, de intachable honorabilidad, honda experiencia y alta competencia. En la práctica este es un ritual estrictamente político; es decir, negociación de intereses.

La comisión de postulación para jefe del MP es presidida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que se encuentra en un limbo de legitimidad jurídica, ya que la CSJ no se regeneró oportunamente como manda la ley y el proceso está entrampado en el Congreso por disposiciones de la Corte de Constitucionalidad. La comisión está integrada por presuntos expertos; los decanos de las facultades de Derecho de las universidades, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios y el presidente del tribunal de honor de este. El término de moda, universidades de cartón, es inapropiado, pero indudablemente hay instituciones de enseñanza superior con nivel académico bajo y requisitos flexibles.

Fases importantes de la comisión son el credencialismo, la asignación de puntos y la negociación, que en apariencia es voto. Luego de la convocatoria a candidatos aspirantes al puesto, hay un minucioso examen de sus credenciales, una larga lista de constancias y certificaciones; todos estos documentos en copia legalizada, con sus respectivos sellos y donde corresponde: timbres. La ausencia de una sola certificación, constancia, legalización, timbre, sello u otro requisito ocasiona la expedita descalificación. La asignación de puntos es crítica y difícil; algunos candidatos se han preparado deliberadamente para sumarlos.

Hay básicamente dos clases de comisionados. Unos son esencialmente árbitros neutrales, buscan activamente identificar a los mejores candidatos y quieren evitar a toda costa el mal y el error. Otros tienen por consigna y misión procurar con todos los medios a su alcance que su untado quede en la lista de seis, quizás también con el objetivo de que otro no lo logre; debe asegurarse de que su candidato supere con éxito el credencialismo y obtenga la mayor cantidad de puntos, sin exhibir descaradamente su preferencia predeterminada.

La elección de candidatos requiere el voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la Comisión. En las rondas de votación habrá atascos, hasta que se elija a los untados, de allí en adelante se va fácil para completar la nómina de seis. Todo el proceso está expuesto a amparos, maniobras y enérgicas presiones. La mayor sorpresa vendrá si se da un proceso ágil, sano y transparente que cumpla con los tiempos estipulados. Viene una tremenda batalla con fuertes y decididos intereses en pugna. ¿Que gane el mejor? Está difícil; no se postuló ni está en la nómina.