Se ha abierto una puerta peligrosa por la que pueden escapar demonios. El artículo 133 de la Constitución prohíbe que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo o indirecto al Estado. Esta es una ley muy sana, pues impide que el Banguat pueda simplemente crear dinero para financiar al gobierno, produciendo inflación, reduciendo el poder adquisitivo del quetzal. El mismo artículo 133 crea la excepción; “en caso de catástrofes o desastres públicos”. Actualmente hay catástrofe y desastre público. Como parte de los Q29.4 mil millones de nueva deuda adquirida por el Estado en las pasadas semanas, el Congreso aprobó que el Banco de Guatemala pueda adquirir bonos del tesoro emitidos por el gobierno por un monto de hasta Q11 mil millones. Esta es pura monetización o creación de dinero. Cuando llegue la inflación, el gobierno pronto culpará a especuladores y acaparadores; no dudará en mandar inspectores y aplicar multas.

Opino que el gobierno no tiene la capacidad técnica y logística para hacerle llegar la ayuda a quienes más la necesitan. La emisión de tanto quetzal es el arma de un enfoque que pretende que el gobierno pueda suplir la capacidad distributiva que el tan vilificado proceso de mercado realiza cada minuto de cada hora todos los días. Entre otros, es un problema de conocimiento de lugar y ocasión. En el proceso de mercado, la información está dispersa y descentralizada entre todas las personas que actúan para mejorar su condición. El gobierno, centralizado, carece de este conocimiento y es incapaz de atender todo desde el centro hacia afuera. El propósito de señalar este problema es que el enfoque actual confía demasiado en lo que el gobierno es capaz de hacer y hay poca propuesta que descanse sobre lo que las personas y empresas son capaces de hacer por sí mismas si tienen los incentivos adecuados.

Cuando se dice que la economía no puede soportar algo, se habla de personas, no de cosas abstractas, pues el proceso de mercado no es más que la acción de las personas persiguiendo sus fines. La economía no puede estar cerrada por un plazo indefinido, si no se quiere provocar daños irreparables. La conclusión de la Semana Santa será el momento oportuno para ofrecer un plan de acción que vislumbre un plazo para empezar a reabrir la actividad económica, con mucha prudencia. Es diferente decirle a las empresas que tienen que cerrar hasta nuevo aviso, que establecer un plazo que les permita tomar las medidas necesarias para sobrevivir. El economista Daniel Fernández ha lanzado la propuesta de que el IGSS podría cubrir 1/3 del salario de los afiliados y las empresas 1/3, por un término de dos meses, para evitar despidos, demostrando que los números del seguro social les permitiría hacerlo. Las empresas podrían contar con incentivos fiscales por no despedir empleados. El impuesto del ISO debe desaparecer. Podría abrirse el transporte público con fuertes restricciones, los buses operando a 40% de capacidad. Podrían publicarse modelos de protocolo para operación de empresas con distanciamiento social. En lugar de cerrar un call center, sugerir la elaboración de un protocolo que permita operar a capacidad reducida.

La estrategia de todos quietos y punto no puede continuar por mucho tiempo. Por más quetzales que imprima el gobierno, no podrá sustituir a la actividad económica. Hay que elaborar políticas que pongan la solución en las manos de la población. Padres y madres quieren proteger a su familia y ya se ha hecho mucho por elevar el estado de conciencia sobre el peligro. Empecemos a pensar cómo abrir, con prudencia.