El presidente Pepe recibe en el palacio nacional a su amigo el presidente Tono, mandatario de un país cercano, y le brinda un almuerzo de exquisitas viandas y vinos. Luego de sobremesa, el presidente Pepe conduce a su invitado, el presidente Tono, al palco presidencial, que ofrece una maravillosa vista que se extiende por el horizonte. “¿Ves esa carretera que conduce al norte?”, pregunta Pepe. “Sí, la veo, es hermosa”, responde Tono. “10%”, le dice Pepe, guiñando el ojo, tocando su bolsillo con la mano. Al cabo de unos meses, el presidente Tono recibe en el palacio nacional de su país a su amigo el presidente Pepe y luego de un suculento almuerzo lo conduce al palco presidencial con gran vista. “¿Ves esa hermosa carretera con cuatro carriles y frondosos árboles que conduce al sur?”, pregunta Tono. “No la veo”, responde Pepe. “100%”, le dice Tono, guiñando el ojo.

Hay una laguna de diferencia entre el gasto privado y el público. Individuos, familias y empresas están obligados a vigilar cuidadosamente el gasto que sale de su propio bolsillo; así como obtienen los beneficios de sus aciertos, cargan con el costo de sus errores. Malas decisiones provocan dolor, disciplinan y corrigen la conducta. Quien no lo hace, eventualmente cargará con las consecuencias de sus actos. El gasto público carece de estos mecanismos de corrección; es posible obtener beneficios sin incurrir en los costos, cometer errores sin cargar con las consecuencias, apropiar ganancias y trasladar pérdidas. Este es uno de los muchos argumentos que desvirtúan como falaz el precario razonamiento de supuesta superioridad moral del actor “público” o de gobierno que obra por el interés de los demás, frente al actor “privado” o de empresa que solo persigue su propio beneficio. El poder para tomar decisiones sobre el destino de recursos públicos extraídos de la población por medios coercitivos es una enorme responsabilidad —moral y práctica— que no puede confiarse; exige celosa vigilancia.

El decreto 21-2022 del Congreso de la República, Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica, se publicó en el diario oficial el pasado 29 de marzo. Con un “listado de obras” por valor de Q3.2 mil millones, el decreto manifiesta en sus considerandos que “el Estado cuenta con recursos de saldo de caja del ejercicio fiscal 2021 lo cual permitirá, sin generar deuda interna ni externa, establecer un esfuerzo sin precedentes para incrementar la inversión”. Este paquete de inversión ha sido motivo de comentario desde que se hizo del conocimiento público, por la rapidez con la que fue discutido y aprobado y porque la minuciosidad de detalle del listado sugiere que fue examinado superficialmente por los legisladores, más allá de asegurar qué destinos específicos quedarán en la lista.

El decreto provoca desconfianza natural, derivada de la experiencia y circunstancias. Esta clase de inversión conlleva consabidas grandes oportunidades para repartir saqueo. Notoriamente ausente está la discusión y evaluación serena de usos alternativos para estos saldos de caja, su costo de oportunidad. El artículo 2 del decreto propone que “Las actuaciones derivadas de la aplicación de la presente Ley, quedan sujetas al cumplimiento de los siguientes principios: solidaridad, subsidiariedad, transparencia, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, certeza y seguridad jurídica, responsabilidad social y sustentabilidad. Algunos de estos principios son pura jerigonza políticamente correcta y otros son imprescindibles. Ya se publicó, resta ver si se hará cierto el cúmplase.