La Asamblea de Pueblos y Organizaciones Indígenas (APOI) se reunió el pasado 21 de diciembre con la vicepresidente electa, Karin Herrera, y entregó el documento “Bases para iniciar la transformación del estado guatemalteco”, que contiene 10 propuestas. Los medios informan regularmente sobre eventos y actividades relacionadas con autoridades indígenas o ancestrales con tacto y delicadeza; es evidente que hay buen número y variedad de autoridades. También es evidente que no hay una sola organización o movimiento con autoridad, moral, formal o popular, que represente o hable en nombre de la población que se autoidentifica como indígena o ancestral en Guatemala. Hay varias agrupaciones con alta visibilidad, capacidad de organización, movilización y cierto peso político que compiten por el liderazgo de los pueblos ancestrales. Hasta ahora, ni una de ellas ha logrado establecerse como primus inter pares, fenómeno que no obedece a factores económicos o de clase, sino a un tema ideológico.

El tema ancestral en Guatemala pasa por una fase romántica; maya se asocia con alguna nobleza y bondad natural. Algo es bueno porque es ancestral, no por su coherencia con la razón, la ciencia o marcos institucionales compatibles con la sociedad compleja moderna que respeta los derechos individuales. La idealización de valores mayas seguramente no se refiere al feudalismo teocrático propio del esplendor de esa civilización y característico de las poblaciones tribales y grupos lingüísticos que fueron conquistados por los españoles en el siglo XVI. La pregunta es si hay un cuerpo de ideas articuladas para explicar el lugar de la persona, la organización de la sociedad y sus instituciones, que sea propiamente ancestral y al mismo tiempo compatible con el siglo XXI y capaz de obtener el orden y la prosperidad social.

Las diez propuestas presentadas por APOI merecen ser puestas todas bajo el lente del razonamiento crítico, sin que por hacerlo se sea objeto de calumnias. Una pregunta que surge del tenor general de las propuestas es si se pretende descartar por completo el principio de igualdad ante la ley en favor de una institucionalidad que trata de manera diferente al sujeto ancestral y al resto de la población.

El tema del plurinacionalismo es una agenda política y quizás sería irrelevante en una auténtica democracia republicana; las comunidades tienen derecho a autogobernarse a su parecer, elegir a sus propias autoridades y determinar cómo educar a la juventud, respetando las reglas generales de igual aplicación a todos. Dos de las propuestas exigen que las telecomunicaciones y la energía eléctrica retornen a “la rectoría estatal”, ser propiedad del Estado. No está claro qué posible relación guarde esto con la ancestralidad. Toda la evidencia empírica muestra cómo la estatización de estas actividades productivas solo conduce a la creación de feudos estatales objetos de rapiña y ordeñados por los gobiernos de turno, a la creación de poderosos sindicatos extractivos y menor calidad de tecnología y servicios.

Otra propuesta es declarar al país “libre de minería”. Sin duda los proponentes gustan de utilizar celular, ver televisión, transportarse en vehículos y el plástico figura prominentemente en su vida cotidiana, siempre y cuando todos estos artilugios provengan de otros países. Es propuesta irreal e inconsistente.

Seguramente pueden surgir propuestas positivas para fortalecer la cultura e identidad indígena en Guatemala, conservar sus lenguas y promover su prosperidad. Las propuestas de APOI no son efectivas para estos propósitos.