El 27 de septiembre, el Congreso aprobó el decreto 7-2019, Ley sobre Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria, que crea privilegios a los ganaderos. La aprobación de esta ley es una aberración legislativa, pues responde a intereses individuales de diputados que son ganaderos, en un año en el que la recaudación fiscal ha caído a niveles porcentuales sobre el PIB más bajos en los últimos 20 años. Es una triste despedida del Congreso actual, en una indiferencia total a las necesidades del país. La ley es contraproducente, pues se estima que puede crear un agujero fiscal de hasta mil millones. Además crea desigualdad entre los contribuyentes, estimulando la evasión. La ley no es equitativa, ya que da privilegios a un sector productivo que constantemente da muestras de opulencia en las diferentes ferias de los pueblos, en un derroche de recursos, ante una población que languidece en la extrema pobreza.

La ley permitirá, a quienes califiquen, un 5% del impuesto al valor agregado (IVA), exonerando del impuesto sobre la renta (ISR) hasta por un monto que no exceda Q3 millones. Esto es discriminatorio ante los pequeños contribuyentes, porque para ellos el monto máximo es de Q150 mil al año. En este nuevo régimen al emitir factura electrónica la tasa será del 4% sobre ingresos. Los verdaderos beneficiados serán los que realizan actividades de producción y comercialización de ganado bovino de carne y leche, ovejas, cabras, caballos, asnos, mulas, cuyo monto de ventas anual no exceda los Q5 millones, quienes tendrán un régimen especial donde la tasa será del 3% de lo facturado. La ley se venía fraguando desde el 2016, bajo la iniciativa 5246, que se negoció como una estrategia para incorporar a determinados grupos al sistema tributario, pero sin una sanción por su incumplimiento. El analista Abelardo Medina explica que cuando se aprobó el acceso a la información bancaria para controlar y fiscalizar, algunos grupos, especialmente agricultores y ganaderos que manejan grandes volúmenes de dinero, podrían ser considerados delincuentes al ver sus movimientos bancarios.

La Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio de Finanzas no fueron consultados, por lo que carece de análisis técnico, el silencio de ambas instituciones es sepulcral. Es evidente que es una ley plegada a los intereses de quienes históricamente han incumplido con el pago de impuesto: ganaderos y empresarios agrícolas. Esta legislatura se retira otorgando un regalo a sectores evasores de impuestos, incumplidos y morosos, porque además de las dádivas otorgadas esconde un tipo de amnistía, al permitir la regularización de adeudos tributarios ante la SAT, ya sea mediante rectificación de declaraciones o por presentación extemporánea de las mismas. En su artículo 10 indica que también aplica para quienes ya han sido notificados para audiencia en la fase administrativa o que se encuentren en el proceso contencioso administrativo. Imagínese usted esta aberración legal.

La ley golpea duramente la moral tributaria del país, que tiene una de las cargas tributarias más bajas del mundo, premia a los evasores, no es equitativa al otorgar tratamiento especial a un sector productivo y crea más regímenes especiales con los que la SAT deberá convivir, en lugar de simplificar el pago de impuestos, y abre la oportunidad para recibir una rebaja fiscal a quienes actualmente están cumpliendo con sus pagos. Señores diputados, señor presidente: Esta no es la forma de mejorar los ingresos de un país que está languideciendo por la falta de recursos, es irresponsable este tipo de aprobaciones. La patria los juzgará.

Ojalá la nueva legislatura corrija el error, es imperativo que el nuevo presidente la vete.