A contraluz
Prisionero de conciencia
El MP actuó contra Jose Rubén Zamora por haber desvelado el saqueo del Estado propiciado por Giammattei.
El encarcelamiento arbitrario de Jose Rubén Zamora representa un caso paradigmático porque ejemplifica una flagrante violación a los derechos humanos. No solo es el ensañamiento contra un ser humano por ejercer su derecho constitucional a la libertad de expresión, sino un ataque certero contra el periodismo independiente. Zamora es un prisionero de conciencia, cuyo único delito fue haber investigado, desde las páginas del diario elPeriódico, hechos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Giammattei. La fiscal general, Consuelo Porras, arremetió contra este periodista como una represalia por sus más de 200 investigaciones sobre la opacidad que reinó durante la anterior administración gubernamental, de la cual ella era y sigue siendo su principal defensora. Sí, hay que decirlo claramente: Porras actuó contra Zamora porque este desveló el saqueo de los recursos del Estado por parte de Giammattei y sus secuaces.
Estos hechos dejan ver hasta dónde Porras está dispuesta a retorcer la ley con tal de ejecutar su venganza contra Zamora.
El periodista fue capturado en su casa el 29 de julio del 2022, en un operativo con decenas de agentes con gorros pasamontañas y armas de grueso calibre, como si se tratara de un peligroso criminal. También allanaron las oficinas de elPeriódico, pese a que el Ministerio Público dijo que no era una acción contra ese diario. A los abogados de Zamora les negaron el expediente del caso y también fueron perseguidos. Porras criminalizó a los defensores, señalándolos de obstrucción de la justicia, por el hecho de buscar pruebas de descargo. La persecución se extendió a ocho reporteros y columnistas de elPeriódico, quienes tuvieron que salir al exilio para evitar la cárcel. El hostigamiento, que incluyó el embargo de las cuentas del diario, llevó a que este medio dejara de existir, lo cual constituye una flagrante violación al derecho a la libre emisión del pensamiento. Todos estos hechos dejan ver hasta dónde Porras está dispuesta a retorcer la ley con tal de ejecutar su venganza.
El 14 de junio del año pasado, Zamora fue sentenciado a seis años de prisión por lavado de dinero. Sin embargo, ese fallo fue anulado cuatro meses después por las irregularidades detectadas y se ordenó un nuevo juicio, para lo cual no hay ninguna fecha. El 15 de mayo pasado, un tribunal de sentencia penal le otorgó la libertad condicional al periodista por el caso de lavado de dinero, pero no pudo salir de prisión por los otros casos que le inventó el Ministerio Público. Un mes después, la Sala Segunda de Apelaciones revocó el fallo favorable, a instancia del fiscal Rafael Curruchiche, que apeló la libertad condicional. Como se ve, a la fiscalía general no le interesa investigar casos de corrupción ocurridos en el anterior gobierno, porque su principal objetivo es perseguir a periodistas, jueces y fiscales que han tratado de desvelar los negocios sucios ocurridos a la sombra del poder.
El hecho de ser un prisionero de conciencia ha trascendido a nivel internacional, donde múltiples organizaciones exigen el cese de todas las acciones violatorias a la integridad física y mental de Zamora. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de las Naciones Unidas, demandó su libertad inmediata, por considerar que el encarcelamiento es injusto y contraviene los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, la fundación del premio nobel Gabriel García Márquez le otorgó el Reconocimiento a la Excelencia por sus tres décadas de tenaz y valiente labor periodística dirigida a denunciar la corrupción en el país. Pero el MP y el sistema de justicia cooptados hacen oídos sordos a ese clamor de libertad porque su principal objetivo es la venganza contra quienes han investigado a las mafias incrustadas en el Estado, tal como ha ocurrido también con la exfiscal Virginia Laparra y la exmandataria de la Cicig Claudia González.
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