Según la información que se hizo pública la semana pasada sobre la facilitación de diálogo, realizada por la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Guatemala entre los liderazgos indígenas y una buena parte del sector empresarial organizado, hay ahora un pronunciamiento público de estos últimos a favor de respetar el proceso electoral y sus resultados. Ignoro si aceptaron por resignación frente al riesgo que podría representar no desmarcarse de la criminalización del proceso electoral y del sabotaje de la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, o bien si es una aceptación que deriva de una creciente comprensión y convicción de que es necesario abandonar de una vez por todas las prácticas históricas que han llevado al país al deterioro político e institucional en el que se encuentra hoy en día. Seguramente hay una mezcla de ambas en la posición pública adoptada por el liderazgo del sector privado empresarial organizado.

En todo caso, es un paso positivo, aunque insuficiente, para dar al país la estabilidad política y gobernabilidad que necesita. Sin embargo, hay otros actores políticos cuya fuente de poder deriva directamente de depredar el Estado por medio de múltiples mecanismos, varios de ellos inclusive institucionalizados, siendo el más conocido, pero no el único, la inversión pública, conocida con el alias de listado geográfico de obras.

Con lo que hagan con el presupuesto, el Congreso tiene una inmensa capacidad de seguir haciendo daño al país y de sabotear al próximo gobierno en sus intentos por romper con los lazos de la corrupción que asfixian al Estado. Comenzaron descalificando las solicitudes de reorganización presupuestaria de los delegados del gobierno electo para la revisión del presupuesto. Ignoran en el dictamen de presupuesto emitido por la Comisión de Finanzas, Economía y Moneda dichas solicitudes, impidiendo con ello contar con un presupuesto más acorde a las necesidades de desarrollo que tiene la población. Inclusive, según denunció ayer el diputado Samuel Pérez, han negado acceso a la documentación sobre la cual se basa el dictamen a miembros del partido que gobernará; no es difícil, entonces, anticipar que están introduciendo candados diversos para evitar desde ya la posibilidad de ejecutar una gestión financiera y presupuestaria acorde con las expectativas, cuando ya de por sí tienen una enorme tarea solo con tratar de restablecer el funcionamiento institucional mancillado durante todos estos años de latrocinio descarado. Aliento a los especialistas en presupuesto público y analistas económicos a informar a la población con detalle sobre cuáles son esos artículos donde están metiendo los bloqueos al ejercicio presupuestario.

Si el nuevo posicionamiento del sector privado respecto de la crisis política nacional es coherente, debe permear en los actores políticos que le son afines en el Congreso, para que así su actividad legislativa no sea cómplice de la continuidad de la debacle. Así también, deberían exigir públicamente que no se bloquee el ejercicio de gobierno una vez asuma Arévalo, encadenando el presupuesto, pues más que a él o al partido Semilla, esto perjudicará al país en su conjunto.

Llamo también la atención de la ciudadanía, de los liderazgos sociales y de la comunidad internacional ante este probable escenario de bloqueo presupuestario, que no se expresa tanto en las cifras como en las disposiciones que se insertan en los artículos de la ley, que definen inclusive la posibilidad de gestionar efectivamente la disponibilidad del flujo de caja del Estado, como otras condiciones con las cuales se deben ejecutar los recursos que terminen aprobando para el 2024.