Lo que más sobresale de la embestida del Ministerio Público con el caso “Toma Usac: botín político” es la pobreza de pruebas que lo sostienen. Si el Organismo Judicial no estuviera cooptado por la estructura criminal, en la cual Consuelo Porras es una pieza clave, este caso hubiera sido desechado desde el principio, por su carácter espurio y malintencionado. ¿Cómo es posible que el fiscal Saúl Sánchez señale a Marcela Blanco, estudiante de la Universidad Rafael Landívar, de ser parte de una “red criminal” porque subió a las redes sociales fotos y videos de la toma del campus central de la Usac? Con esa misma tónica, el MP capturó también al estudiante Javier de León, el sindicalista Martín Macario, al decano de la Facultad de Ingeniería, Alfredo Beber; al decano de la Facultad de Veterinaria, Rodolfo Chang; y al exdecano de la Facultad de Economía Eduardo Velásquez. Esta es una persecución política por no reconocer a Walter Mazariegos como rector de la Usac.

Los seis capturados son prisioneros políticos porque la fiscal general los hostiga por sus opiniones, lo cual representa una violación flagrante al artículo 35 de la Constitución, que expresa que es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no puede ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. ¿A cuenta de qué ahora resulta delito subir a la web imágenes, videos o mensajes para apoyar o expresar un punto de vista y por ese simple hecho ser tachado de miembro de una red criminal? No, esto no tiene pies ni cabeza; es la muestra más palpable de que el MP está en manos de mentes tenebrosas y que es una venganza de la mafia que gobierna el país. Sin pruebas contundentes tienen en prisión a personas inocentes, tal como ocurre con la exfiscal Virginia Laparra y la abogada Claudia González, exmandataria de la Cicig.

Pero no nos confundamos. Este caso tiene un trasfondo perverso. Fue fabricado para tratar de evitar que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asuman como presidente y vicepresidenta. Se inventaron esta patraña, sostenida con alfileres, porque Consuelo Porras y Rafael Curruchiche no pudieron mantener la mentira del fraude electoral, ni siquiera con la embestida contra el Tribunal Supremo Electoral y el secuestro de papeletas. El pánico porque se les termina el tiempo para poder sabotear el traspaso de poder los hizo incurrir en este demencial caso, que si no tuviera al país en una grave crisis política, sería digno de la más sonora carcajada. No tienen ni una sola prueba de peso contra Arévalo y Herrera, nada más que sus opiniones en redes sociales, lo cual vuelve de nuevo a representar una bestial violación al derecho a la libre emisión del pensamiento.

Esta no es la primera vez que Consuelo Porras pasa sobre los derechos garantizados por la carta magna del país. La fiscal general es artífice de que Jose Rubén Zamora, presidente de diario elPeriódico, se encuentre encarcelado por un caso espurio. Ella acosó a ese medio hasta lograr su desaparición, además de perseguir a ocho de sus reporteros y columnistas por sus publicaciones. Varios de ellos están en el exilio. De igual manera, Porras trató de acallar las manifestaciones de los pueblos indígenas y le pidió a la Corte de Constitucionalidad que les lanzara a la Policía y al Ejército. La jefa del MP también ha tratado de conseguir datos confidenciales del diario La Hora, Prensa Comunitaria, la revista Ruda y una reportera de Guatevisión, lo cual, indudablemente, tendría la intención de amordazarlos. Estos hechos evidencian una ofensiva contra la libertad de expresión. Demuestran que Consuelo Porras es peligrosa porque es capaz de violar los derechos constitucionales con tal de cumplir los infames objetivos de Alejandro Giammattei y el pacto de corruptos.