El 10 de diciembre de 1948, naciones del mundo aprobaron la Declaración Universal de Derechos Humanos como un compromiso común por los derechos inherentes de todas las personas, sin discriminación. Transcurridos 75 años, con avances significativos y retos recurrentes, sin lugar a dudas la Declaración ha sido y continúa siendo pertinente: el respeto, garantía y protección de los derechos humanos son los cimientos de una sociedad democrática y nuestra vida diaria.

Sin embargo, en esta columna quiero focalizarme en situaciones actuales que hemos seguido con preocupación a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos. Mi Oficina ha documentado intimidaciones y amenazas contra autoridades electorales, el presidente y la vicepresidenta electos, así como periodistas y autoridades indígenas, relacionadas con el contexto poselectoral. Y como hemos visto, el secretario general de la ONU, António Guterres, y el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, han externado su preocupación por acciones judiciales que parecen implementarse para socavar el estado de Derecho y la voluntad popular que se expresó en las elecciones generales. Estas acciones judiciales incluyen, por ejemplo, allanamientos a la sede del Tribunal Supremo Electoral, solicitudes de retiro de inmunidad contra autoridades electorales y personas electas, entre otras, sin aparente fundamentación conforme al marco jurídico que rige el sistema electoral.

Recientemente se iniciaron acciones judiciales contra varias personas —entre ellas estudiantes, docentes y personas electas—, por su presunta participación en protestas y expresión de sus opiniones en las redes sociales, en el contexto de la elección del rector de la Universidad de San Carlos en 2022. Asimismo, medios de comunicación han reportado sobre presuntos requerimientos de información a la red social X con relación a sus perfiles y actividad informativa. Como ya recalcamos, preocupa que estos hechos puedan representar represalias y criminalización si no se respetan las garantías judiciales.

Esta situación es parte de la reducción del espacio cívico y el debilitamiento de la independencia judicial que han sido señalados en nuestros últimos informes anuales sobre Guatemala. Estos han documentado el incremento exponencial de la criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, abogadas/os y operadoras/es de justicia, particularmente quienes han realizado investigaciones periodísticas y quienes han liderado casos judiciales contra la corrupción y la impunidad.

Quisiera recordar que la manifestación pacífica y la libertad de expresión son derechos que pueden ser ejercidos legítimamente por todas las personas y que están salvaguardados en tratados internacionales y la Constitución guatemalteca. Asimismo, las normas internacionales de derechos humanos establecen garantías que deben ser observadas por los Estados para asegurar la legalidad en todo proceso. Esto es lo que se conoce como el derecho al debido proceso, y se concreta en las garantías de publicidad y transparencia, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el juzgamiento sin dilaciones indebidas. A lo largo de la historia, en el mundo hemos visto que la ausencia de respeto y garantía de los derechos humanos debilita la democracia y el estado de Derecho, y conlleva nocivos efectos, incluso de largo plazo, en el bienestar de las naciones.

Por el contrario, el respeto y cumplimiento de las normas de derechos humanos, junto con la rendición de cuentas y la separación de poderes, son condiciones sine qua non de un estado de Derecho fortalecido y constituyen la base de una sociedad realmente democrática. En este sentido, reitero el llamado del alto comisionado Volker Türk a garantizar el estado de Derecho y salvaguardar la democracia en Guatemala.

Que el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos sea la ocasión para reafirmar el compromiso para hacer realidad los derechos de todas las personas.