En Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y El Salvador sí superaron la meta mínima establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 70% del total de población con dos dosis de vacuna covid-19. ¿Qué funcionó en estos países que no se dio en Guatemala? Uno de los factores de peso fue la preexistencia de sistemas públicos de salud más robustos y con una capacidad preexistente de llegar a las personas más cerca de donde estas habitan. Por eso, superar las debilidades estructurales del sistema público de salud en Guatemala, es una prioridad para esta nueva etapa pospandemia, y debería tener un lugar preeminente en la agenda pública luego del 24 de junio. El acceso tardío a las vacunas covid-19 pesó también, no digamos los infames hechos alrededor de las vacunas Sputnik. También afectó el uso de una estrategia de vacunación homogénea en todo el país, la que fue diversificada tardíamente, cuando la “Ventana de oportunidad” vacunal que se generó en el 2021 prácticamente ya había pasado. Como resultado, se quedaron fuera las poblaciones indígenas, con mayor vulnerabilidad social y menor acceso regular a servicios de salud.

Esta desigualdad de acceso se ha querido justificar por un “rechazo” a la vacuna por parte de las poblaciones indígenas, sin hacer mayor consideración de las múltiples razones por las cuales, en todo caso, no las aceptaron. Más bien, un estudio realizado por un equipo de la Universidad del Valle de Guatemala mostró que la mayor parte de ese “rechazo” no era tal, sino más bien, fue una falta de oferta oportuna y pertinente de vacunación para estas poblaciones.

Con la pandemia salieron también a luz los efectos del debilitamiento histórico de las funciones esenciales de Salud Pública en el Ministerio de Salud, que son funciones fundamentales para prevenir y gestionar adecuadamente las pandemias a nivel local, nacional y regional. Desde la débil rectoría ministerial sobre un sistema de salud fragmentado, segmentado según la capacidad de pago de las personas; mercantilizado a extremos cada vez más indecibles. Quedaron evidentes las debilidades de funciones críticas como la vigilancia epidemiológica, los sistemas de información y estadística, la planificación estratégica y operativa, así como la gestión de recursos financieros, humanos y de compras, entre otros. Son problemas profundos que no acabaron con la declaratoria de la OMS de cese de la alerta sanitaria internacional por la pandemia de covid-19 del pasado 4 de mayo. Por el contrario, continúan y con mayores retos aún, porque ha cesado la atención mediática.

Por ello, menos se sabe ahora que antes sobre lo que pasará de ahora en adelante. Por ejemplo, ya no supimos más del proceso con las vacunas Sputnik y el contrato firmado con la empresa rusa que tan mal le quedara a Guatemala; lo último dicho en una conferencia pública, es que existía amenaza de una demanda contra el Estado por “incumplimiento de contrato”. ¿Qué pasó con los 7 millones de dosis de vacunas vencidas? ¿Ya las descartaron o siguen pagando vehículos refrigerados para mantenerlas allí mientras tanto? ¿Cuál es el plan ahora para tener vacunas covid-19 para poner dosis de refuerzo para la población priorizada?

Basados en la experiencia con la covid-19, y en otras ya vividas como la pandemia de VIH, SARS-1, H1N1, por citar a las más recientes, sabemos que el mundo dispone de las herramientas necesarias para planificar una respuesta equitativa a las próximas crisis sanitarias mundiales. Para ello se requiere un plan nacional, regional y global de acción de preparación y respuesta de largo plazo, que le comience a dar caravuelta a lo que está impidiendo una respuesta efectiva a los retos sanitarios de toda la humanidad.