En plena turbulencia social y política ante el pobre manejo gubernamental de la pandemia de covid-19 y el acaparamiento del poder político por las mafias enquistadas en el Estado, que en su momento fueron definidas como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, dos hechos de carácter lúdico y cultural, encendieron una alarma cívica por muchos años apagada: el reclamo de derechos ciudadanos relacionados con la arquitectura y la naturaleza.

El primero fue el monumento conmemorativo al bicentenario de la independencia de España (1821-2021) en el Parque Centenario de la Nueva Guatemala de la Asunción. La obra parece ser una interpretación, sui géneris, del Real Palacio construido al poniente de la Plaza Mayor (1776), destruido por los terremotos de 1917-18 y posteriormente demolido al ras.

El tema de la independencia desde siempre ha sido un asunto, si bien investigado, pobremente incluido en los programas escolares, cuando no tergiversado a propósito, inculcándonos valores eurocentristas, negando la riqueza cultural mesoamericana y el consecuente valor de nuestro mestizaje.

De ahí que reproducir de manera caricaturesca el Real Palacio sin tomar en cuenta, aparentemente, factores urbanos y arquitectónicos, pero sobre todo criterios de intervención en un centro histórico, resultara ser el detonador de críticas ante el Colegio de Arquitectos de Guatemala y la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, que actuando positivamente analizaron y se pronunciaron, haciendo una sustancial crítica al proyecto en curso.

Intervenciones de ese tipo suelen ser sujeto de crítica en todas partes, pues cada quien, desde su formación escolar, cívica y cultural, tiene su propia escala para valorar la obra construida como fuente de identidad cultural; de ahí su rechazo.

Ante la información recibida y la importancia del aporte de amigos y colegas que en 1993 creamos la figura legal del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, en mi calidad de ciudadano, el miércoles 11 presenté denuncia ante la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio Público, por el atentado en contra de su conservación e integridad, pidiendo la suspensión de las obras y consecuente demolición.

El segundo caso fue resultado del artículo publicado la semana pasada, en el que referí el acto de reconocimiento a los profesionales destacados de la región occidental, por la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, cuando fue galardonado el arquitecto M.R. Castillo Hidalgo, autor de la emblemática cabaña del mirador Juan Diéguez Olaverri, en los Cuchumatanes; hermosa vista echada a perder por las torres de conducción eléctrica que insolentemente se imponen al diáfano paisaje.

Aludí también a los desatinos en otros miradores, extensibles a todos los existentes en el país, cuyo entorno, junto al paisaje, viene a ser empobrecido por el comercio, la basura y el desprecio por la naturaleza.

La positiva reacción de lectores me impulsó a denunciar esos atropellos en la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente del Ministerio Público, que entregué el miércoles 11. Quedo a la espera de que ambas denuncias sean asignadas a los fiscales que tendrán a su cargo su estudio.

La inconformidad de los lectores (prensa y redes sociales) sugiere formular listas de adhesión a las denuncias presentadas. Las listas deberán incluir nombre completo, No. de DPI y firma. La Fiscalía de Delitos contra el Ambiente está en la Diagonal 6, frente al conjunto Las Margaritas, zona 10, ciudad de Guatemala, y la de Delitos contra el Patrimonio Cultural, al sur del parque de El Panorama, en La Antigua Guatemala.