Punto de encuentro
¿Por qué importa rescatar la justicia?
Con la elección de las nuevas cortes (2024-2029) vuelve a abrirse la disputa.
Los últimos años han mostrado con toda crudeza lo que significa para Guatemala tener una justicia capturada. Después de la batida del Ministerio Público (MP) y la Cicig en contra de complejas estructuras criminales que sacudieron profundamente al status quo, vino el contrataque.
El punto de partida fue recuperar la jefatura del MP y asegurarse de que quien llegara a dirigirlo ralentizara las investigaciones en marcha, frenara nuevos procesos en contra de miembros del Pacto de Corruptos y desarticulara la estructura institucional que hizo posible perseguir y juzgar a los responsables de casos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.
Con la Fiscalía General asegurada, vino el siguiente paso: rearticular la correlación de fuerzas al interno del sistema de justicia y retomar el control (que habían perdido parcialmente) de las altas cortes. Por eso la prolongación del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) más allá del plazo constitucional y por eso también las maniobras para forzar el exilio de jueces, juezas y magistrados/as independientes, a quienes se les persigue a partir de casos fabricados.
Pero ahora, con la elección de las nuevas magistraturas para la Suprema y las salas de Apelaciones (2024-2029) vuelve a abrirse la disputa. Eso explica la frenética carrera por entorpecer —con acciones de todo tipo— el trabajo de las comisiones de postulación que tienen a su cargo la conformación de los listados de candidaturas. Aunque suene inverosímil —con tal de sabotear el proceso— los comisionados que representan a las fuerzas oscuras se enfrascaron en una discusión sobre la sede del trabajo de la Comisión para la CSJ que, gracias a los buenos oficios del rector de la URL, Miguel Cortés S. J., se zanjó favorablemente.
Con la elección de las nuevas cortes (2024-2029) vuelve a abrirse la disputa.
Y es que el lugar es clave, no solo por la accesibilidad y disponibilidad de recursos que faciliten el trabajo, sino porque dependiendo de quién “controle” el espacio se puede garantizar o no la fiscalización y la transparencia. Recordemos cómo en el último proceso de postulación para Fiscal General (donde fue reelecta Consuelo Porras) hubo hasta drones que sobrevolaban las ventanas del salón y fotografías de los expedientes o de las anotaciones de los comisionados publicadas por los netcenters en las redes sociales.
Ahora vendrá la verdadera batalla. En las siguientes semanas habrá todo tipo de maniobras para intentar descartar a abogados/as que garanticen la aplicación de la justicia independiente e incluir —a troche y moche— a personajes que abonen a la profundización de la cooptación del sistema judicial (ya las y los vimos en la fila entregando sus expedientes). Habrá que tener mucho ojo con los “grises” (personas no identificadas como parte de las redes de corrupción) pero que, una vez en el cargo, se “destapan”, tal cual pasó con la actual fiscal general.
Pero, ¿por qué es tan importante este proceso? En primer lugar, porque las y los guatemaltecos deberíamos tener la certeza de que al afrontar una demanda civil, penal, laboral… la aplicación de la justicia será objetiva e imparcial y no estará sujeta al tráfico de influencias, al pago de sobornos o la venganza. Y no hablo de casos penales complejos, sino, incluso, de un hecho de tránsito en el que podamos vernos involucrados.
En segundo, porque mientras la justicia siga capturada, los delincuentes y los corruptos continuarán siendo beneficiados con resoluciones a la medida; y el sistema seguirá utilizándose como arma de castigo en contra de personas que no han cometido delitos (la lista es larga). Y en tercero, porque de la independencia y probidad de quienes ocupen las magistraturas dependerá —en gran medida— la continuidad de nuestra democracia o la vía libre para el autoritarismo, incluyendo un golpe de Estado.
ESCRITO POR:
