Rincón de Petul
Política criminal. Conamigua criminal
Nuestro sistema legal es uno diseñado para quien vive en Guatemala.
En Washington, una sola cosa pidió Petrona cuando los doctores le dijeron que su cáncer era terminal. Ver, una última vez, a sus 4 hijos que se quedaron en Guatemala. Sí, el nombre de ella puede ser ficticio, para proteger su identidad. Pero la historia, trágicamente, es realidad. En Washington, su deseo fue escuchado por gente humana que la atendió y la asistió. Primero para cuidarla en sus últimos meses de vida. Y luego, acompañarla con trámites para que el gobierno de Estados Unidos concediera permiso de que los niños ingresaran al país. Para estos casos existen salvoconductos especiales; el SIJS (Special Immigrant Juvenile Status), por ejemplo, les quedaba como anillo al dedo. Esperanza, hubo. Pero un problema se asomó, cual oscura tempestad, como inverosímil amenaza, sobre el deseo de esta madre: sus hijos, en Guatemala, no tenían pasaporte.
Han usurpado atención y recursos de un problema creciente.
Cierto es que millones de guatemaltecos enfrentan fuertes impedimentos para acceder al pasaporte por un sistema deficiente; esto, claramente debido a la corrupción. Pero, a esta familia, otra negligencia nacional les golpearía: Su país jamás se preparó, ni se actualizó, para atender su realidad migratoria. Hace más de treinta años inició un río humano hacia el Norte, provocando que hoy más de una quinta parte de su población viva en el extranjero. Aun, el sistema legal y político vigente es uno que se quedó petrificado en el momento cuando la población radicaba solo adentro de sus fronteras; un momento cuando la emigración internacional era una excepción.
Nuestro sistema legal es uno diseñado para quien vive en Guatemala. Para una infinidad de situaciones —civiles y de otras índoles— hay vacíos legales si se radica en el extranjero. Esto, claro, se agrava para los indocumentados, quienes no pueden regresar a solventar pendientes. Ahí caen casi todos los emigrados. La necesidad de Petrona es uno de tantos supuestos donde —por ejemplo— la patria potestad compartida con un padre en otro país, se vuelve en impedimento imposible de resolver para siquiera ver a sus hijos. En Guatemala reconocemos al migrante como un pilar del país. Pero nadie aboga por cambios legales puntuales que viabilicen el camino de sus vidas.
Y están quienes, además, usurpan la causa del expatriado. No solo carecen de funcionalidad para resolver los problemas del migrante, sino, además acaparan la responsabilidad que en esto tienen las instituciones públicas existentes. Es el caso del Conamigua, que, desde su creación en 2007, ha usurpado atención de un problema creciente. Y no solo atención. También recursos. Actualmente, Conamigua gasta su presupuesto fundamentalmente en funcionamiento. Sueldos. Ganancias personales. El prototipo de un botín repartido entre políticos corruptos. Uno irreparable, pues no fue tomado por la corrupción, sino que fue creado para la corrupción, desde su concepción.
La salud de Petrona decayó y falleció el 9 de febrero. Murió esperando que sus hijos lograran un pasaporte, inaccesible según la ley actual. Los quiso ver una última vez. Pero quedaron trabados en un país petrificado. Su caso es el de millones por quienes la función pública debiera trabajar. Primero, para reconocer que el Estado no se organiza solo para los habitantes del país, sino también para los millones de expatriados. Y segundo, para habilitar herramientas legales y políticas que viabilicen la vida civil del conciudadano. En vez, esta semana el Congreso pasó en tercera lectura una modificación a la ley de Conamigua, pretendiendo asignarle un presupuesto que resultaría en más de un millardo de quetzales. La corrupción es criminal. Al repartirse presupuesto y poder, mata sueños y personas. En el caso de Petrona, un sueño que no era mucho pedir.
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