Del 28 al 29 de marzo, Guatemala recibió a los ministros y altas autoridades de Desarrollo Social de 22 países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con un objetivo común: establecer consensos de trabajo a nivel regional en línea con la Agenda 2030 y enfocados en cómo mejorar la medición multidimensional de la pobreza, así como el diseño de políticas públicas para reducirla; discutir políticas de protección social para migrantes y refugiados; promover sistemas de protección social para la reducción de la pobreza; fomentar la inclusión social a través de la inclusión productiva y, finalmente, potenciar el uso de las tecnologías de información y de la comunicación como herramienta para la inclusión social y superación de la pobreza. En Guatemala se aprobó una agenda ambiciosa que también revela la diversidad de preocupaciones de la región en materia de superación de la pobreza.

Hoy, 136 millones de personas en las Américas —30% de los habitantes—, siguen en situación de pobreza, y algo que debe preocuparnos es que esta tiene cara, color, edad y género. La misma es mayor entre niños y adolescentes, entre indígenas y afrodescendientes, entre mujeres y personas mayores. Por ejemplo, el 80% de los afrodescendientes en las Américas ganan menos de US$2 por día; la población indígena representa el 14% de personas pobres y el 17% de personas en pobreza extrema. Estas enormes brechas han posicionado a la región con el penoso récord de ser la más desigual del mundo.

El hecho de que la pobreza tenga cara y color es ya compartido por los países. Para buscar opciones de cómo medirla, las autoridades reunidas en Guatemala discutieron alternativas de medición multidimensional de la pobreza. ¿En qué consiste eso? Mientras que por muchos años esta se midió según la cantidad de dólares que una persona gana por día (el Banco Mundial usa $1.90 por día como medida de pobreza extrema), como resultado de propuestas como la de la Universidad de Oxford (Iniciativa de Pobreza Multidimensional) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los países de la región han empezado a considerar otras dimensiones de la pobreza asociadas con el goce de derechos económicos y sociales. Esto significa no dejar de mirar el ingreso por día, pero complementarlo con otras privaciones que afectan la vida de las personas: acceso a la educación, salud, agua potable y saneamiento, entre otras. México fue el primero en 2009 en adoptar esta medición e incluso le dio rango constitucional, pero ya otros países como Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, República Dominicana y varios del Caricom, con apoyo de Oxford, la OEA y el Banco Caribeño del Desarrollo, consideran uno a nivel sub-regional.

Otro reto es cómo garantizar protección social a los ciudadanos en general, y en particular a los migrantes y refugiados que están llegando de otros países. Agencias como Acnur, OIM y OIT compartieron el balance regional y fue igualmente interesante escuchar a países como Colombia y Brasil, y otros centroamericanos, abordar qué programas de acceso a salud, educación para niños migrantes, empleo digno y opciones de emprendimiento para acoger a poblaciones migrantes y refugiadas en sus países.

Porque estos retos son multidimensionales que requieren un abordaje multisectorial, organizaciones como Cepal, EuroSocial, Sisca, Banco Mundial y Fundación Panamericana para el Desarrollo se sumaron al diálogo de ministros, y junto con la OEA renovaron su compromiso por implementar un Plan de Acción Regional. Se apuesta para que cada persona tenga un poco más de bienestar y un poco más de las oportunidades. No es tarea fácil pero podemos avanzar.

** Las opiniones son personales, no representan la posición de la OEA.