El domingo recién pasado se publicó una columna del embajador de los EE. UU., Luis E. Arreaga, en la que trata de mostrar las bondades del acuerdo suscrito en torno al derecho al asilo. En el texto se dice: “Durante décadas, hemos apoyado el retorno de Guatemala a la democracia y hemos ayudado a fortalecer el estado de derecho. Hemos colaborado para aumentar la prosperidad trabajando con los gobiernos del pasado y el presente, el sector privado y la sociedad civil para mejorar las oportunidades económicas y movilidad social. También hemos trabajado juntos para combatir las organizaciones criminales trasnacionales…” Y luego señala: “el incentivo para tomar el peligroso viaje al norte se ha mercadeado y aprovechado para crear un negocio de miles de millones de dólares que beneficia a algunas de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo… Estados Unidos acoge con beneplácito este acuerdo y los pasos que Guatemala ha tomado para combatir la migración irregular y hacer su parte para ayudar a Estados Unidos a enfrentar esta crisis… como dijo el presidente Trump: “Estamos invirtiendo en el futuro de Guatemala, la seguridad de los migrantes y sus familias. Protegeremos los derechos de aquellos con solicitudes legítimas y terminaremos con el abuso generalizado del sistema —de asilo— y la crisis paralizante en nuestra frontera”.

Guatemala fue, durante el enfrentamiento armado interno, un campo de batalla más para dos superpotencias que se dividían el mundo. La Unión Soviética y Cuba apoyaron al movimiento insurgente hasta donde pudieron, y los EE. UU. hizo su parte con gobiernos que no respetaron los más elementales derechos humanos —de Peralta Azurdia hasta Ríos Montt—. Esto es historia, y si vamos a los últimos hechos el propio bufete del vicepresidente gringo fue contratado para minar los esfuerzos de combate de la impunidad en nuestro país bajo la modalidad de lobby.

En Guatemala sufrimos una severa crisis de legitimidad en el poder público. Este gobierno ha dado muestra de abuso, nepotismo, incapacidad y soberbia. Con menos del 4% de apoyo al candidato oficial, señalado de corrupto por las propias instituciones nacionales, EE. UU. pacta con quienes van para afuera porque solo le interesa su propia dinámica electoral. Las narcoavionetas aterrizadas y su “descubrimiento” son noticia común, pero el propio presidente Trump tuvo al encargado de nuestra seguridad sentado en el despacho oval sin que ello importara. Es evidente que las prioridades norteamericanas están desordenadas. No se trata de tener un embajador pro Cicig o en contra de la Cicig, se trata de que en el norte está el mayor mercado de droga y su frontera nos queda cerca, y este dinero agobia y corrompe instituciones, por eso la “migración irregular” no se combate con quien en su territorio no muestra claro combate del crimen.

No importa si quien roba o abusa es de derecha o de izquierda, vemos el ejemplo salvadoreño, donde ambos lados se han bañado en plata ilícita. Es frustrante que el gobierno de EE. UU. espera que un Congreso, donde buena parte de sus miembros está gravemente acusada, “legitime” un acuerdo negociado a escondidas. La gente migra porque no hay oportunidades y acá queremos crearlas. La transparencia en la gestión pública es básica. Trump se caracteriza por minar una de las institucionalidades más fuertes del mundo y, en esa dinámica, poco le importó negociar con quienes salen por detrás y donde solo su cola de abuso será recordada. Si se quiere bajar la migración irregular debe existir el compromiso con la construcción de una justicia moderna, libre y ajustada de derecho, y no compartir mesa con quienes boicotean nuestros propios esfuerzos por la construcción de una República, así que ojalá los amigos de EE. UU- revisen sus propias prioridades, y por eso es bueno comentar lo que dijo el señor embajador.