El respeto a la independencia judicial y a la libertad de expresión es un indicador de la calidad de la democracia.

En la medida en que el ejercicio del periodismo y de la judicatura se haga sin presiones, ataques u hostigamiento podemos hablar de democracias consolidadas. Pero cuando, como en Guatemala, las y los jueces, fiscales y periodistas independientes sufren acoso y persecución y se les criminaliza por el trabajo que realizan nos enfrentamos a regímenes autoritarios que rechazan la fiscalización y se favorecen de la opacidad y la impunidad. El tema de fondo es que la persecución en contra de operadores de justicia y periodistas afecta al conjunto de la sociedad, a la que se le niegan derechos fundamentales.

Cuando jueces, juezas y fiscales están sujetos a coacciones para evitar que investiguen y juzguen a personas vinculadas a delitos de gran corrupción o graves violaciones a los derechos humanos, se está poniendo en peligro un pilar fundamental de la democracia: la independencia judicial.

Ya hay 24 operadores de justicia guatemaltecos que se vieron forzados a salir al exilio por casos fabricados y denuncias sin sustento, como represalia por su independencia a la hora de investigar y juzgar a personas relacionadas con las élites políticas, económicas, militares y las estructuras criminales. En las últimas semanas el blanco de los ataques es el juez Miguel Ángel Gálvez, reconocido por su honorabilidad y autonomía. La causa: la resolución de apertura a juicio en el caso del Diario Militar.

Cuando cortes, juzgados y fiscalías responden a los intereses y privilegios de sectores de poder, estamos automáticamente frente al vaciamiento del estado de Derecho y del régimen de legalidad que, supone, la garantía de que nadie es superior a la ley.

Peor aún, cuando el sistema de justicia es instrumentalizado como herramienta de acoso y castigo para silenciar las voces críticas, mermar el liderazgo social, perseguir a la oposición política o a periodistas, fiscales e investigadores que develan ilegalidades, nos acercamos peligrosamente al estado-mafia.

La ausencia de jueces independientes supone que cualquier ciudadano pueda ser perseguido penalmente por denuncias espurias que lleven a capturas ilegales. Si las decisiones judiciales se toman por presiones o están sujetas al “mejor postor”, se corre el peligro de terminar en la cárcel. Y esa, que es la realidad que hoy afrontan fiscales como Virginia Laparra y Eduardo Pantaleón, puede convertirse en la regla si seguimos con un MP que practica la persecución selectiva.

Por otra parte, lo que está en juego cuando se ataca y trata de silenciar al periodismo independiente es el derecho de la población a estar informada y la posibilidad de conocer, entre otras cosas, cómo se utilizan los recursos públicos y cómo se otorgan contratos para la compra de vacunas o la construcción de carreteras, por ejemplo.

Periodistas que fiscalizan al poder están siendo maliciosamente perseguidos. En días recientes vimos cómo la Ley contra el Femicidio vuelve a utilizarse como vía para acallar a tres periodistas del diario elPeriódico. Mismo modus operandi usado contra colegas de los medios La Hora y Vox Populi.

Es vergonzoso e inaceptable que una ley para proteger a las mujeres que sufren violencia se utilice para criminalizar el ejercicio periodístico y coartar la libertad de expresión. La censura que se quiere imponer pretende evitar publicaciones sobre nepotismo, corrupción y tráfico de influencias.

Los ataques contra la prensa y las y los operadores de justicia independientes tienen, además, otro efecto: lanzar un mensaje a la sociedad de que el costo de disentir y fiscalizar puede ser la cárcel o el exilio.