La reciente experiencia en la comisión de postulación para elegir a los seis candidatos para fiscal general mostró nuestra precariedad constitucional, como nunca se evidenció la baja autoestima de algunas autoridades del sector académico y profesional.

Son de dominio público las evidencias de cómo nuestra fiscal general, Consuelo Porras, plagió textos en su tesis de doctorado. Una comisión integrada por lo más excelso de la docencia jurídica del país ¿podría pasar por alto este asunto? ¿Por qué confiar una institución a quien plagió una tesis?

Nadie duda de que la Universidad Mariano Gálvez certificó la tesis y el título de doctorado. La fiscal general es doctora, eso nadie lo discute por ahora. Las universidades pueden ser drásticas o laxas, ninguna puede garantizar la inexistencia de plagios en sus trabajos, pero ¿qué reacción debe existir cuando el plagio se muestra y se hace público al pretender ocupar un cargo público cuya idoneidad y honradez es requisito?

El liderazgo universitario lo lleva la Universidad de San Carlos, 345 años de historia la acompañan, pero cuando el decano de Derecho, Henry Arriaga, cierra los ojos frente al plagio y además evade su claro conflicto de interés por ser sujeto de investigación en un caso en el cual se toca la estructura judicial, la responsabilidad institucional de la máxima Casa de Estudios queda en picota y su tan cantada autonomía es, en los momentos de prueba, una quimera.

Es público cómo estudiantes y docentes de la Universidad del Istmo patentizaron su preocupación y rechazo por la actitud del nuevo decano, Alejandro Arenales Farner, en la comisión de postulación. La Unis se caracterizaba por la seriedad de sus decanos. Humberto Grazioso Bonetto, Guido Ricci Muadi y Jary Méndez Maddaleno llevaban un récord de rigor científico y académico incuestionable. Costará mucho que los estudiantes comprendan la consecuencia de un plagio cuando su decano nombrado exprofeso para integrar la Comisión fue a jugar política y apoyar a quien plagió.

En el portal de la Universidad San Pablo se lee: “…nació de la necesidad de contar con una institución que pudiera contribuir a la formación de la sociedad a través de una educación adecuada, por medio de la cual se puede impactar a los estudiantes no solo en el ámbito académico, sino también en los principios, valores éticos y morales para que, al ser profesionales, puedan ser agentes de transformación en la sociedad en donde actúen”. Su decano, Luis Aragón Solé, fue siempre conteste para apoyar a quien plagió y esto es bien significativo porque llevar el nombre de uno de los santos más importantes del cristianismo debería ser una carga muy grande. Igual suerte corre la Universidad Panamericana, cuyo decano, Enrique Fernando Sánchez Ucera, cuando era catedrático de la Landívar fue severo con estudiantes plagiadores y ahora, en una posición de poder, cerró los ojos.

El Colegio de Abogados y Notarios es dirigido por una junta directiva, y su presidente, Fernando Chacón, es remiso a dar cuentas de más de mil millones de quetzales administrados de manera discrecional, manda callar en asambleas generales a quienes resultan incómodos y cuenta con casi 21 millones de quetzales anuales para financiar sus “actividades”. Con esta situación encontramos las respuestas y, además, Esvind Alejandro Racancoj, presidente el Tribunal de Honor, se sumó al esfuerzo.

El desgaste sufrido por estas universidades y el Colegio de Abogados será difícil de superar. Internacionalmente nuestra educación se lució en mal forma y de seguro tendrá consecuencias, siendo una gran injusticia, porque en la juventud está la esperanza. Miles de patojos y patojas dan su mejor esfuerzo para construir, pero, como dijo don Mariano Gálvez, “Guatemala castiga a quien pretenda redimirla”. Perder los principios para mantener influencia no debería ser la lección brindada por ciertos comisionados.