En el 2022 se consolidó en Guatemala el retroceso autoritario. La persecución en contra de actores clave en la lucha contra la corrupción y la impunidad se acrecentó y el MP encontró en las altas cortes a aliados incondicionales.

Por un lado, personajes señalados de integrar redes político-económicas ilícitas fueron beneficiados con medidas sustitutivas, cambios o anulación de delitos; y por el otro, fiscales, jueces y periodistas que develaron investigaciones relacionadas con casos de gran corrupción o graves violaciones a los derechos humanos se vieron forzados a salir al exilio o están enfrentando procesos penales sin fundamento. En síntesis: en lugar de perseguir a los corruptos, el MP se dedica a acosar a fiscales y jueces anticorrupción y, de paso, despliega una “cruzada” contra periodistas y medios independientes para imponer el silencio y la censura.

Sin ningún empacho, los querellantes adhesivos en varios de los procesos contra operadores de justicia han manifestado que la mayoría de quienes dan cobertura a las audiencias no son periodistas sino activistas que se hacen presentes “no para emitir noticias sino propaganda política” y para presionar. Los jueces y juezas —en total sintonía— han resuelto declarar los casos bajo reserva o impedir el acceso a la prensa, contradiciendo los principios de máxima publicidad y transparencia. Preocupa también que desde cuentas anónimas en redes se anuncie la citación de periodistas porque, como ya sabemos, los netcenters anticipan las acciones de la fiscalía.

En una entrevista (https://bit.ly/3X9FjTt) que junto a mi colega Ben Kei Chin realizamos el pasado jueves a los abogados Claudia González Orellana y Juan Francisco Solórzano Foppa, defensores de la exfiscal Virginia Laparra y del periodista Jose Rubén Zamora, respectivamente, se evidenció cómo hay un patrón común en los casos de criminalización: 1. El modus operandi del MP parte de denuncias que no se sostienen y que son tramitadas en tiempo récord. 2. Los juzgados aceptan como querellantes a personas u organizaciones que no tienen relación con los casos. 3. La mayoría de los procesos son tramitados por los mismos operadores, ¿jueces/juezas adhoc?

4. Las solicitudes de medidas sustitutivas —aunque estén basadas en ley— se deniegan en todas las instancias y los argumentos para rechazarlas casi siempre son los mismos. 5. Gran cantidad de las pruebas que presenta la defensa no se admiten y, en cambio, las de la fiscalía se tramitan sin problema. 6. Para dejar en estado de indefensión a las personas acusadas, se ordena investigar a sus abogados y se presiona a los testigos. 7. Las publicaciones de prensa —notas, reportajes, pódcast, entrevistas, columnas de opinión— son presentadas en las audiencias como parte de una estrategia de presión o de obstaculización a la justicia.

Es más. Ayer, diario elPeriódico (16/1/23) reveló que la fiscal Cinthia Monterroso, quien actualmente es parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), presentó una denuncia administrativa contra la entonces jueza Erika Aifán, tal y como lo hizo en su momento Virginia Laparra en contra del juez Lesther Castellanos. Mientras Laparra fue capturada y condenada a 4 años de prisión por esta acción, a Monterroso no se le investiga. Un procedimiento diametralmente opuesto del MP ante iguales circunstancias. Recordemos que la defensa de Laparra ha insistido en que la presentación de denuncias administrativas no constituye delito. Por otra parte, tampoco extraña que Monterroso sea la encargada de dirigir el caso contra el periodista Jose Rubén Zamora.

La independencia del sistema de justicia es uno de los pilares del estado de Derecho. Su degradación y cooptación, como ocurre actualmente en Guatemala, está destruyendo lo poco que nos queda de democracia.