Imponente ejemplo de liderazgo, madurez política y comprensión de que el Estado es un asunto que nos compete a todos es el que están dando las autoridades indígenas de Guatemala al ponerse de acuerdo para liderar las movilizaciones nacionales en defensa del derecho que tenemos todos los guatemaltecos a que se respeten los resultados electorales y se preserve el proceso que llevó al resultado que certificó a Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidenta electos.

Movilizaciones detonadas por el proceder de la fiscal general y su banda gangsteril de “fiscales”, jueces y lacayos empeñados en mancillar y destruir el proceso electoral y criminalizar a ciudadanos y a funcionarios. Han acudido a las más abyectas artimañas, disfrazadas de ley, para deslegitimar, desconocer y trastocar los resultados oficiales de las elecciones generales. Solo le importa complacer la insaciable sed de poder, dinero y, sobre todo, de control sobre todo un país y su población, de sus amos y compinches del Pacto de Corruptos. A estos no termina de pasarles el trago amargo de que se les haya colado entre las patas el partido Semilla, con Bernardo Arévalo y Karin Herrera encabezando un planteamiento cuyo contenido más importante es que refleja el deseo que tenemos los y las guatemaltecas de tener gobiernos decentes y funcionarios honestos que trabajen por el bien común, no para llenar las bolsas de algunos a costa del hambre y la desprotección de los más vulnerables, a costa de bloquear por décadas y décadas las oportunidades económicas y sociales para la mayoría de la gente en este país, incluidas las depauperadas capas medias urbanas, que cada día la tienen más y más difícil para mantener un mínimo nivel de vida, no digamos prosperar.

Paradójicamente, son los Pueblos Indígenas quienes han vivido históricamente las mayores exclusiones en nuestra sociedad, históricamente más vulnerados en sus derechos humanos y derechos ciudadanos, a quienes se les deja de último a la hora de pensar en el bienestar, los servicios públicos y las oportunidades económicas. Son sus liderazgos y poblaciones enteras quienes, en este momento tan crucial para el país, han tenido la dignidad, el valor y la hidalguía de movilizarse, de enfrentar a la infame y exigir en nombre de todos y todas las guatemaltecas que dejen los cargos públicos que no solo nunca merecieron, sino que han deshonrado; pudrieron el MP, lo convirtieron en un arma del crimen y para criminalizar.

Los Pueblos Indígenas y sus autoridades tienen más conciencia de la importancia de la defensa del estado de Derecho y de la democracia liberal que la que muchos ladinos, y capitalinos, están mostrando. No digamos que lo que los partidos políticos han sabido mostrar todos estos años desde la democratización del país.

Todo esto que pasa ahora en Guatemala es porque el Pacto de Corruptos odia la democracia cuando no la puede controlar, cuando ya no le sirve de fachada para que sus alfiles engorden sus alforjas mientras ellos conservan sus privilegios e intereses depredadores. Frente a esto, las autoridades indígenas están plantadas allí, frente al MP, dando la cara por todos. Pero es hora de que las capas medias, los sectores populares urbanos, los colegios profesionales, centros educativos y colegios privados, amas de casa, mercados, empresas de todo tamaño que día a día luchan por seguir adelante, cooperativas, todos los que queremos vivir en democracia, con estado de Derecho, libertad y desarrollo, sigamos su ejemplo. Perder la democracia solo le conviene al Pacto de Corruptos, que seguro ya anda buscando un su Daniel Ortega para terminar de ponerle el yugo a Guatemala.