Punto de encuentro
Para luego es tarde, presidente
Edgar Gutiérrez: “Si no destituye a la fiscal general, más adelante ella puede destituirlo y perseguirlo”.
El año pasado, mientras se impulsaba desde el Ministerio Público (MP) el golpe de Estado judicial para impedir que el binomio electo del partido Movimiento Semilla tomara posesión, la fiscal general (FG) María Consuelo Porras Argueta estuvo prácticamente desaparecida. Incluso se interpusieron recursos de exhibición personal para establecer dónde estaba y en qué estado.
El Ministerio Público no puede seguir siendo un estado paralelo.
Muy por el contrario, desde que asumió Bernardo Arévalo la presidencia, la funcionaria no ha dejado de aparecer en cuanta actividad pública se le presente y no ha cesado de convocar a reuniones de “coordinación” con alcaldes, diputados y funcionarios del Ejecutivo. Cada aparición va acompañada con la publicación de numerosas fotografías y videos en las redes de la Fiscalía y, claro está, es amplificada por decenas de cuentas de trolls y netcenters al servicio del MP.
Estas no son acciones aisladas ni ocurrencias publicitarias del equipo de la funcionaria. Forman parte de una estrategia para disputarle espacio y poder político al presidente Arévalo y consolidar alrededor de Porras Argueta el bloque de oposición sistemática al gobierno que les lleve, más temprano que tarde, a un escenario de destitución o juicio político. Es el plan B del Pacto de Corruptos que no pudo concretar el golpe pre-14 de enero pero que contempla replicar en Guatemala lo ocurrido en Perú con Pedro Castillo, guardando claramente las distancias entre él y Bernardo Arévalo.
Por eso, lleva razón el excanciller Edgar Gutiérrez Girón en la alerta que lanzó durante un foro organizado por la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Guatemala (Confregua) la semana pasada en el que advirtió que “si el presidente no destituye a la fiscal general, más adelante ella puede destituirlo y perseguirlo a él y a su gabinete”.
Afirmación con la que concuerdo y a la que sumo lo perjudicial que resultan los mensajes ambivalentes que desde el gobierno se lanzan con los abrazos y rostros sonrientes que el equipo del ministerio de Gobernación, ministro incluido, profesan a la funcionaria. En este caso, la forma es el fondo y las coordinaciones para el combate del delito pueden hacerse de otra manera.
Esta lectura, que a juzgar por los hechos el círculo cercano del mandatario no tiene suficientemente clara, es clave si se quiere avanzar decididamente en la lucha contra la corrupción y la impunidad (mandato que la población refrendó en las urnas y defendió en las calles). Y lo es más aún si se quieren frenar los planes de los actores antidemocráticos como Consuelo Porras y sus socios en las Cortes y el sistema de justicia, que siguen intentando —mientras los dejen— sabotear cualquier intento de cambio y continuar utilizando el Derecho Penal como instrumento de castigo y persecución contra la disidencia.
Como lo escribí en la columna del pasado 6 de febrero, el MP no puede ser un estado paralelo dirigido por una FG que fabrica casos contra sus adversarios, procura impunidad para sus socios y desestabiliza al gobierno. Es imperativo que el presidente Bernardo Arévalo utilizando las vías legales y políticas que tiene a su alcance remueva a Consuelo Porras dadas las evidentes y documentadas causales de destitución porque nadie, y eso no varía en función de una ley ordinaria, es superior a la Ley.
La solicitud de retiro de antejuicio contra la funcionaria presentada por el Procurador General de la Nación y el secretario general de la Presidencia es un paso firme pero insuficiente. Si la salida de Porras Argueta se sigue demorando, el proceso de elección de las magistraturas de la Corte Suprema y salas de apelaciones estará en riesgo de terminar en más de lo mismo. Recordemos cómo la FG utilizó el poder que le da la acción penal para garantizar su reelección. Con todo el respeto, para luego es tarde presidente Arévalo.
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