Hace algunos días el Tribunal Supremo Electoral realizó dos acciones dignas de análisis, por sus motivaciones y resultados. La primera, citó a los candidatos presidenciales para firmar un pacto en el cual se comprometen a mantener la cordura en sus actuaciones en la campaña, es decir una especie de pacto de caballeros y también de damas, claro. El grupo VOS, postulador de Manuel Villacorta, envió un representante pero afirmó no estar dispuesto a unirse; Podemos no asistió porque no participará, al serle negada la candidatura a Roberto Arzú, y tampoco se hizo presente el PIN, cuyo candidato es Luis Antonio Lam. La otra acción fue llamar al orden a Carlos Pineda, quien afirmó ser víctima de amenazas de muerte, razón por la cual tendrá seguridad y un vehículo blindado.

Al respecto del pacto antes mencionado, se desató una serie de comentarios alrededor de una idea muy válida según la teoría de la ciencia política: los grupos participantes y sus candidatos y seguidores están conscientes de la necesidad de una campaña de altura. Pero en Guatemala, la realidad objetiva indica otra cosa: desde hace muchos años, los insultos y descalificaciones personales han estado presentes. A esto se agrega ahora el uso de la cobardía realizada por medio de las redes sociales, de mentir, insultar, anónimamente. Y por ello, la interpretación válida de una negativa a firmar es simple: no lo hará porque entre sus estrategias está la de emplear esas sucias maniobras en contra de quienes les disputan la presidencia de la República.

No es criticable reproducir videos comprometedores para algún aspirante, donde se compruebe la mentira, las acciones incorrectas, y demás. Por supuesto, eso causa rabia a quien se ve afectado por sus propias declaraciones, pero no puede negar lo dicho, debidamente filmado. Incluso, aunque estén muy cerca de la línea divisoria entre lo correcto y lo incorrecto, las conversaciones filmadas o grabadas a escondidas. Allí se aplica el derecho ciudadano de estar informado. Y si llega a los medios de comunicación y al público general, su reproducción es parte de la confrontación preelectoral. Debe declararse: no es parte de la vida privada, aunque otra forma de verlo es el hecho de la desaparición de esta, sobre todo en el campo de relaciones extramaritales.

En cuanto a la llamada de atención a Carlos Pineda, el TSE le exigió ser serio en sus declaraciones. Hay dos criterios en cuanto a las amenazas: ocultarlas y tomar las medidas necesarias, o divulgarlas, pero al hacer eso se corre el riesgo de ser considerada una maniobra para ganar la atención pública y despertar un sentimiento de lástima en los votantes, traducido —se supone— en votos. Pero al denunciarlo y anunciar contratación de guardaespaldas, adquisición de un carro blindado y ofrecer el pago de 300 mil quetzales a quien le otorgue información, derivó en una sospecha de tratarse de una fallida acción para victimizarse. Tiene evidentes cualidades de orador, pero su pasado político no lo favorece: estuvo relacionado con el partido de Manuel Baldizón y el de Mario Estrada.

NUEVO PELIGRO POCO CONOCIDO. El fentanilo es una droga contra el dolor creada en 1960 con fines médicos. Si se hace clandestinamente, de un costo de US$80 mil para hacerlo, produce la pasmosa suma de US$1.6 millones al venderlo, en Estados Unidos. Por eso Washington la califica de ser la mercancía preferida de los traficantes de droga en ese país. La captura de una mujer guatemalteca acusada de relacionarse con los hijos del Chapo Guzmán demuestra otra vez los avances de las narcoactividades y narcoconsumo en Guatemala, país donde pasa pero también se queda ya cada vez más son notorios sus tentáculos. Esto debe recordarse cuando se analicen los presupuestos y demostraciones de dinero de las campañas políticas para las cercanas elecciones.