El plan golpista continúa, pero sigue también la resistencia ciudadana. A pesar de los embates, las autoridades indígenas demuestran cada día, todos los días, su decidido compromiso en defensa de la democracia.

Desde hace 65 días lideran con un plantón frente al Ministerio Público (MP) el Paro Nacional Indefinido que ha posibilitado, sin ningún lugar a dudas, que siga la pelea para que el 14 de enero pueda asumir el binomio electo del partido Movimiento Semilla.

Ha sido su lucha pacífica, sostenida en el tiempo y su capacidad de organización y movilización el contrapeso principal de la embestida golpista. Sin su dignidad y resistencia, la ruta para el Pacto habría sido más sencilla. Pero se toparon con un adversario formidable que sacudió de tal forma la ‘conciencia’ del resto de la sociedad que provocó lo impensable: más de una semana con 140 puntos de resistencia en los departamentos y la capital reclamando el respeto a la voluntad del pueblo expresada en las urnas y la renuncia de la fiscal-general-golpista y su séquito.

Y hoy lunes 4/12, mientras escribo esta columna, encabezan una marcha para defender la libertad y la democracia, y en rechazo al presupuesto criminal que el Congreso —con premeditación y alevosía— aprobó, recortando los fondos para salud, combate de la desnutrición y educación, destinando miles de millones de quetzales a oenegés de diputados y de otros funcionarios y premiando —faltaba más— a su socia, la Fiscalía General. Citando al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el engendro aprobado “generará daños a varios y diversos sectores económicos y sociales, y dificultará la gestión del nuevo gobierno”.

Su aprobación antecedió a la otra vergonzosa votación, en la que a fuerza de chantajes y sobornos se decidió el retiro de la inmunidad de los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que precede el “caso” anunciado desde hace días por los netcenters del MP con el que intentarán (corre y va de nuevo) anular los resultados electorales, desconocer el triunfo de la dupla Arévalo-Herrera e imponer a un “gobernante de transición”, una vez entregue la presidencia el golpista mayor, Alejandro Giammattei.

Decenas de capturas y de órdenes de allanamiento que se ejecutarán esta semana, según anticipan cuentas anónimas, antecederán el show con el que van a “probar” el “fraude anticipado” a través del cual, según ellos, se habría alterado de antemano el sistema de transmisión de resultados electorales (Trep) para dar el triunfo a Semilla. Así de burdo, así de fabricado.

Seguramente la acusación seguirá el mismo patrón-mamarracho que el caso de la Usac, pero como no importa porque las órdenes de captura se emiten a “compadre hablado”, seremos testigos del “nuevo” caso fabricado para intentar que el golpe judicial tenga éxito. Un golpe que, según dice Consuelo Porras Argueta, forma parte del mandato que “el de allá arriba” le encomendó, aunque para eso tenga que llevarse preso a un cardenal. Aunque a estas alturas quizá ya le entró la duda, tomando en cuenta que el Vaticano se pronunció en solidaridad con el obispo Álvaro Ramazzini y eso puede interferir en su “encomienda divina”.

Faltan 40 días para el 14 de enero de 2024; habrá que redoblar. El Pacto de Golpistas (ya no solo de corruptos) se apresta a sepultar la democracia o a “morir” con las botas puestas. Si el destino es el de Juan Orlando Hernández (JOH), hay varios que no están dispuestos a claudicar. Pero nosotros tampoco, lo que está en juego no es un partido político, es el destino de nuestras familias y lo que pueda suceder los próximos 20 años en el país.

Autoritarismo o democracia para resumirlo en una frase. Es ahora y nos compete a todos y todas frenar la arremetida golpista.