Catalejo
Otra prueba de la ley vuelta arma de tortura
La anulación del veredicto favorable a Zamora demuestra una vez más el uso de la ley como instrumento para torturar.
Los tiranos y dictadores necesitan de esbirros, por su obsesión de parecer respetuosos de la ley, y por ello la cambian o interpretan a su manera. En Guatemala hay un caso único: la dictadura virtual, la dupla Alejandro Giammattei-Miguel Martínez, logró mantener en la tortura a sus adversarios o a quienes los enfrentaron. Los esbirros son nuevos sicarios (asesinos a sueldo), pero no matan a su víctima, sino la torturan. Estas consideraciones encajan en los casos de Jose Rubén Zamora y de la exfiscal de la Feci Virginia Laparra, de Quetzaltenango, y vienen al caso ahora porque al periodista-prisionero político una magistrada de sala le anuló la libertad decidida el 15 de mayo.
La anulación del veredicto favorable a Zamora demuestra una vez más el uso de la ley como instrumento para torturar.
Zamora tenía dos acusaciones falsas y estaba prisionero. La jueza Verónica Ruiz lo declaró en libertad, pero no pudo irse a casa al faltar el otro juicio. Ahora, la nueva decisión hace retroceder todo al principio. La ingenua alegría de quienes confiaron en la justicia se disipó el miércoles. Se comprueba el verdadero e inhumano plan de matarlo por desesperación: la decisión de un juzgado no vale nada si la sala está confabulada, como es evidentísimo. A la abogada Laparra ya la condenaron en un caso y ninguna sala lo anulará. Ahora la citan para el segundo caso y mantienen también la tortura. Lo han pospuesto por “razones” como no haber llegado por ser el cumpleaños de la magistrada. ¿Qué tal?
Volviendo a la ley como arma de tortura, a mi juicio Zamora no recibiría autorización de salir ni siquiera porque necesitara una operación de urgencia, y la licenciada Laparra está en una situación muy parecida. La personalidad de quienes planificaron esto es retorcida y está repleta de maldad, codeada con la corrupción. La burla maliciosa al sistema legal —güizachada— lo destruyen. Hay muchas causas para haber llegado a esto, pero eso es tema de otro artículo. Por ahora basta con analizar los porqués ocultos. Los detalles aparentemente mínimos adquieren relevancia: quien anunció la anulación fue Rafael Curruchiche, un útil títere del nefasto trío giammatei-martinez-porras.
Lo relacionado con Zamora y las repudiables acciones legalistas utilizadas han causado noticias y opiniones, estas últimas un derecho constitucional de expresión. Por eso me provocó sorpresa y extrañeza esta opinión del abogado Eduardo Mayora Alvarado, quien afirma: “Las páginas de opinión de un diario no están, me parece, para erigirse en un tribunal a la sombra para juzgar lo que haya o no ocurrido”. Por supuesto: no lo son. Recogen opiniones sobre todo tema y resultan del pensamiento individual sobre acciones específicas, en este caso tomadas por jueces, magistrados, juzgados, salas, etc. El autor lo sabe porque en su columna aprovecha ese derecho. Pero piensa así; solo puedo lamentarlo.
La lamentable expresión “a la sombra” es negativa e inmerecida, al implicar oscuridad, cobardía, etc. Quien escribe una opinión y la firma, como él hace, no merece tal frase. Creo errado considerar correcta y también legal toda una decisión jurídica, sin tomar en cuenta si ha habido dolos, engaños e ilegalidades. Por eso en algunos países los veredictos son “no culpable”, no “inocente”. El columnista y todo ciudadano relacionan hechos y decide si a su criterio hay concatenación y motivación: error, incapacidad jurídica, corrupción. Si esto es evidente, la opinión pesa más o pesa menos, según sea quien escriba y el tema, pero no es un jurado o un juez con el fin de lograr cambios por su publicación.
Lapsus: Un vehículo recorre 27 metros por segundo si va a cien km por hora, no 27 kilómetros. Aclaro ese error en el Catalejo del miércoles pasado.
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