La operación de los bancos se remonta a más de 150 años. La banca en Guatemala inició operaciones a finales del siglo XIX, mediante la creación de bancos privados de emisión de billetes —se podían cambiar por oro y plata—, los cuales maniobraban por concesión gubernamental, y que trabajaron hasta 1926 sin existir una legislación bancaria general.

El Banco Nacional de Guatemala operó en el país y fue capitalizado con el producto de los bienes de la iglesia Católica y de las órdenes religiosas, expropiados en 1871, durante los gobiernos de Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. Aun cuando el primer decreto para su constitución fue en agosto de 1873, bajo el nombre de Banco Agrícola Hipotecario, no fue hasta marzo de 1874 que el presidente Barrios dispuso sustituirlo por uno de emisión de billetes y descuento, denominado Banco Nacional de Guatemala.

Durante el período presidencial de Manuel Estrada Cabrera, en 1902, se creó la primera Oficina de Inspección de Bancos. Diecisiete años después, se acordó establecer con domicilio en la capital la referida oficina, la cual estaría integrada por tres personas: un inspector, un oficial y un portero. Asimismo, se dispuso que la vigilancia sobre los bancos se hiciera extensiva a las casas bancarias existentes que realizaban esta para resguardar mejor los intereses sociales y públicos a través de la Secretaría de Fomento, que un año después pasaría a ser jurisdicción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Posteriormente, en 1923, se promulgó la primera Ley de Inspección Bancaria, mediante acuerdo gubernativo número 827-1923, firmado por el presidente de la República de ese tiempo, José María Orellana, quien confirmó que la inspección bancaria correspondería a la Secretaría de Hacienda y se ejercería a través del Departamento Monetario y Bancario. La reforma bancaria de 1926 provocó que algunos bancos no pudieran ajustarse a la nueva legislación. Durante 1928, el Banco Central de Guatemala intervino los bancos Colombiano y Americano de Guatemala; nadie se imaginaba que un año después sería el “Jueves Negro”, iniciando la Gran Depresión el 24 de octubre de 1929 y que se extendió hasta 1933. Este evento mundial hizo que se precipitara el cierre de cinco de los seis bancos de emisión en Guatemala, sobreviviendo únicamente el Banco de Occidente.

En 1931, en el gobierno de Jorge Ubico, se constituyó el Directorio General de Bancos, presidido por el secretario de Hacienda y Crédito Público, e integrado por los representantes de las diferentes empresas bancarias en estado normal, cuya finalidad era estudiar la situación y sugerir medidas de previsión que respondieran, de modo afín y simultáneo, a la defensa de los intereses del público, administrándose la política bancaria a través del Banco Central de Guatemala y del Crédito Hipotecario Nacional, en plena crisis económica mundial.

Después de la Revolución del 20 de octubre de 1944, el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo impulsó la Segunda Reforma Monetaria y Bancaria Integral, para lo cual emitieron la Ley Monetaria, la Ley de Bancos y la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, así como la creación de la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos.

Adicionalmente se dispuso que el Departamento Monetario y Bancario tuviera a su cargo las atribuciones y deberes que le señala la Ley de Instituciones de Crédito, así como inspeccionar y fiscalizar el Departamento de Fincas Rústicas e Intervenidas a las personas individuales y jurídicas alemanas con motivo de la Segunda Guerra Mundial.