A Estados Unidos le urge empezar a invertir en sí mismo. Y no hay duda de que se lo puede permitir.

Sin embargo, el camino hacia un futuro mejor se ha visto obstaculizado por el partidismo y los conceptos erróneos de rectitud hacendaria. Por eso me complace ver a los miembros del Congreso adoptar argucias presupuestarias.

Los antecedentes: el Senado está aprobando un proyecto de ley de infraestructura bipartidista; es decir, un proyecto de ley que cuenta con el apoyo de una minoría suficientemente grande de senadores republicanos como para superar el filibusterismo. Este proyecto de ley está muy lejos de lo que Estados Unidos en verdad necesita; corresponderá a los demócratas llenar las lagunas con legislación adicional promulgada a través de la conciliación. Aun así, es un logro político importante, sobre todo después de la manera en que la “semana de la infraestructura” se convirtió en un chiste recurrente durante la era de Trump.

Pero, ¿cómo llegó el Senado a ese punto? La política era bastante obvia: el gasto en infraestructura es muy popular y un número importante de republicanos no querían que se les considerara absolutos obstruccionistas. No obstante, lo que no estaba claro era cómo se financiaría el gasto.

A primera vista, las exigencias republicanas deberían haber hecho imposible el acuerdo. Los senadores del Partido Republicano se oponían de manera rotunda a aumentar los impuestos. También bloquearon las propuestas para dotar de recursos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) a fin de combatir la evasión fiscal generalizada, una postura que hasta a los escépticos como un servidor les pareció un poco chocante. ¿Qué clase de partido se alinea más o menos abiertamente con los ricos que evaden impuestos?

Al mismo tiempo, los republicanos insistieron en que el nuevo gasto fuera pagado, a diferencia, por ejemplo, del recorte de impuestos que aprobaron en 2017, del cual alegaron con desparpajo —y falsedad— que se pagaría solo.

Así que, ¿cómo lo hicieron? En esencia, se abrieron paso mediante engaños; gran parte del supuesto financiamiento provendría de trucos contables. En particular, gran parte del financiamiento involucraría la “reutilización” de dinero de los programas de ayuda de la covid-19 que terminaron costando menos de lo esperado, mientras que se ignoraron los programas que costaron más de lo esperado.

En otras palabras, se podría decir que la inversión en infraestructura se pagaría con cortinas de humo —la Oficina Presupuestaria del Congreso está de acuerdo—. ¡Y eso está bien! De hecho, tal vez eso sea algo bueno.

Para ver por qué, tenemos que mirar la aritmética de la deuda en una época de tasas de interés bajas.

Imaginemos, por utilizar una cifra redonda, que el gobierno federal pidiera un préstamo de un billón de dólares en este momento y que lo hiciera sin hacer ninguna previsión para el servicio de la deuda adicional. Es decir, que no subiera ningún impuesto ni recortara ningún gasto para pagar el principal; ni siquiera hiciera nada para cubrir el pago de los intereses, sino que se limitara a pedir más dinero prestado a medida que los intereses fueran venciendo.

En estas circunstancias, la deuda crecería con el tiempo. Pero no lo haría muy rápido: la tasa de interés actual de la deuda estadounidense a largo plazo es inferior al 1,2 por ciento, por lo que al cabo de una década la deuda solo habría aumentado un 13 por ciento.

Y el crecimiento de la deuda se vería bastante superado por el crecimiento de la economía: la Oficina Presupuestaria del Congreso prevé un aumento del 50 por ciento del PIB en dólares en los próximos 10 años. La deuda no se convertiría en una bola de nieve, más bien, en relación con la economía, se derretiría.