El Ministerio de Salud presentó las modificaciones efectuadas al semáforo covid-19 y a las medidas que lo acompañan. Incorporaron el indicador de “porcentaje de vacunación con esquema completo en personas de 12 años y más” a las variables que servían para monitorear el comportamiento de la pandemia —incidencia de casos, positividad—, como que no correspondiera, técnicamente hablando, llevar un monitoreo separado de ambos procesos, dado que su avance depende, en especial en el caso de la pandemia, de situaciones de carácter global —como el surgimiento de nuevas variantes del virus— y del déficit y desinterés profundo por controlar los contagios con medidas de salud pública y epidemiológicas. Ahora se suma en ese cálculo la desigualdad que ha marcado la implementación de la vacunación en el país. Municipios que han sido especialmente favorecidos con la vacunación, por su carácter urbano, centralista y con acceso a centros de vacunación, oferta de vacunas y horarios amplios de atención podrán rebajar el efecto pandémico —incidencia de casos y positividad— en comparación con aquellos municipios rurales, con población dispersa y enajenados históricamente de la red de servicios de salud, y cuyas poblaciones tienen menor acceso a información científica y mayor probabilidad de ser desinformados. Por ende, con menor cobertura vacunal. Lo que hacen es “diluir” el efecto de la incidencia de casos y de la inequidad en el testeo, con las cuales, hasta ahora, a duras penas se alcanzaba a medio contabilizar el efecto de la pandemia en la población. Como resultado, varios municipios pasan de inmediato a una posición más favorable en el semáforo que la que tenían con la versión previa del mismo, y será a costa de aquellos con menor cobertura vacunal. Dicen que con eso se “incentivará” la vacunación en los municipios, como que la esta fuera controlada en los territorios y por los alcaldes, y no de manera centralizada, a nivel del Ministerio de Salud.

Es obvio que este cambio favorece a los municipios que más han concentrado la vacunación, en particular al de Guatemala y los conurbados y otros altamente urbanos. Tal y como lo mostró ya el LaboratorioDeDatosGT, los parámetros modificados para incluir vacunación han impactado enseguida en el descenso del número de municipios en rojo —un 20 por ciento menos—, sin que se haya modificado para ello ninguna condición objetiva real en la población y con la pandemia en esos territorios. Así, de 181 municipios que estaban en rojo durante el período comprendido del 21 de enero al 3 de febrero 2022, quedaron 148. En consecuencia, 85 que estaban en naranja subieron a 175, y de 74 que había en amarillo solo quedaron 17. Lo que reflejan estas modificaciones es la inequidad territorial profunda en la vacunación, pues los que estaban en naranja o amarillo, a partir de los parámetros de incidencia y/o testeo, “perdieron” puntos, de seguro por su menor cobertura vacunal.

También se relajaron las medidas que acompañan a cada color, respecto de las que había antes. Por ejemplo, ahora el aforo se diferencia aún menos entre colores. En todo caso, son medidas que solo sirven para “tapar el ojo al macho”, pues ni se cumplían antes ni se cumplirán ahora, ni el Ministerio de Salud tiene ahora cómo hacerlas cumplir. Como suele ocurrir en Guatemala, es un juego de apariencias ponerse a modificar un instrumento que ya era inútil, pero así parece que se “cumple” con lo que indicaba la ley de emergencia, aunque en la práctica no sirva de nada ni para nada. Mientras tanto, lo que realmente importa, el avance de la vacunación, sigue a paso de tortuga y profundizando desigualdades.