A contraluz
Nubarrones sobre la elección de magistrados
Los comisionados tienen la obligación moral de elegir a quienes no sean serviles con los corruptos e impunes.
La selección de candidatos a magistrados a las cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones se encuentra en medio de un ambiente nebuloso, en el que la honorabilidad y la idoneidad han quedado relegadas. Quienes aspiran a integrar estas altas instancias deberían representar los más altos estándares de integridad, independencia y honestidad porque tienen la tarea de velar por el estado de Derecho, la democracia y la protección de los derechos humanos de la población. Sin embargo, entre quienes podrían integrar las nóminas se observa precisamente todo lo contrario, porque se encuentran envueltos en conflictos de intereses, han sido sancionados a nivel internacional por haberse convertido en amenaza a la institucionalidad del país o han violado los derechos de personas ligadas a procesos penales espurios. O sea, se trataría de personas sin honorabilidad ni méritos para la administración de la justicia.
La elección de las autoridades judiciales tiene un impacto directo en la vida de los guatemaltecos.
La misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió esta semana un informe preliminar en el que expresa su preocupación por una serie de irregularidades que detectó en este proceso de selección de magistrados. Entre los puntos señalados están “las acciones e interferencias indebidas y arbitrarias por parte del Ministerio Público en la independencia del poder judicial”. Desde que, en el 2018, Consuelo Porras asumió la jefatura de la Fiscalía General se dedicó a desmantelar esa institución, a perseguir a fiscales y jueces que combatieron la corrupción e impunidad y, al mismo tiempo, se ha convertido en protectora de las acciones de rapiña del círculo del expresidente Alejandro Giammattei. Más aún, desde agosto del año pasado, Porras se ha erigido en la figura más visible de quienes intentan descarrilar al Poder Ejecutivo y buscan apoderarse de las magistraturas de las cortes. La misión de la OEA señala que ese ambiente tóxico evitó que muchos profesionales del Derecho participaran en esta elección, para evitar la posible persecución por parte del MP.
Los observadores también repararon en que 33 integrantes de las comisiones de postulación participan como candidatos a magistrados a una o las dos cortes. Esto representa un grave conflicto de intereses porque pueden condicionar su voto a cambio de que también sean seleccionados para las nóminas. Entre ellos están 12 de los actuales magistrados de la Corte Suprema, quienes han demostrado falta de independencia judicial porque han supeditado sus fallos a intereses políticos. Pero por si eso no bastara, entre los postulantes también están 11 profesionales que han sido designados en la Lista Engels, del Departamento de Estado de EE. UU., por sus acciones antidemocráticas, por estar vinculados a casos de corrupción o por haber violentado los derechos de personas sujetas a juicios espurios. Tal es el caso del magistrado Manuel Duarte, los jueces Víctor Cruz, Greisler Smaille Pérez, Jimi Bremer y Mynor Moto, así como los fiscales Noé Rivera, Rafael Curruchiche y Gilberto Porres: este último esposo de Consuelo Porras.
La importancia de la selección de los futuros magistrados es que es una oportunidad para que a las cortes lleguen profesionales probos, idóneos e independientes. Pero si los postuladores se decantan por elegir a candidatos que en la práctica han demostrado ser rastreros con los corruptos e impunes, este proceso solo serviría para sepultar al Organismo Judicial. Por ello, es fundamental la presión ciudadana para que los comisionados tengan como norte que las cortes sean un pilar de la independencia judicial y el rescate del estado de Derecho. Es fundamental comprender que la elección de los próximos magistrados tiene un impacto directo sobre la vida de todos los guatemaltecos que desean una administración de justicia que no esté a la venta del mejor postor.
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