Nos siguen faltando más de cien
Este país que expulsa por razones económicas y políticas, sigue en deuda con ustedes.
La persecución política a través del uso malicioso del derecho penal —que provoca cárcel y exilio— continuó marcando el rumbo del Ministerio Público (MP) y del sistema judicial de Guatemala durante este 2024.
A lo largo de 12 meses se siguieron presentando acusaciones en contra de personas que no cometieron delitos —más bien los denunciaron e investigaron—, al mismo tiempo que se desbarataron los procesos judiciales que involucran a personajes señalados en casos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos. Prosiguió el acoso en contra de los equipos de investigadores y fiscales del MP: muchos fueron despedidos, enfrentan causas penales o sanciones disciplinarias.
Este año, el sistema de justicia cooptado por redes ilícitas y de tráfico de influencias se fortaleció como victimario y siguió siendo utilizado para castigar, perseguir, amedrentar, hostigar y vengarse de quienes son considerados “enemigos” y un obstáculo para sus fines.
El periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, a quien tras 813 días de prisión arbitraria se le concedió arresto domiciliario, sigue enfrentando varias causas penales fabricadas por la Fiscalía y corre peligro de ser nuevamente encarcelado. Jose Rubén es el claro ejemplo de cómo en este país se busca silenciar a periodistas y medios de comunicación críticos e independientes.
El cierre de elPeriódico no fue un daño “colateral”, sino uno de los objetivos que el MP de Consuelo Porras, la capitana del Pacto de Corruptos, se propuso cuando armó el primer “caso” contra Zamora y allanó las oficinas del diario. Lo que se buscaba era detener las publicaciones e investigaciones en las que se develaba el modus operandi de las estructuras criminales y de corrupción que involucraban, entre otros, a la primera línea de mando del gobierno Giammattei-Martínez, para procurarles impunidad.
Además de perseguir a Zamora, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), dirigida por Rafael Curruchiche, sigue empeñada en procesar penalmente a nueve periodistas y columnistas del medio, acusándoles, entre otros delitos, de obstrucción a la justicia. A la lista podemos agregar las “investigaciones” que enfrenta el colega de La Hora Diego España, y la reciente orden de captura que la jueza Abelina Cruz dictó en contra de Juan Luis Font, a petición de la Feci.
A ellos y ellas que tuvieron que poner pausa a su vida en Guatemala, va dedicada esta columna.
En prisión sigue el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, a quien le han retrasado indefinidamente varias audiencias para mantenerlo detenido, como hicieron en su momento con Virginia Laparra o Eduardo Pantaleón. La abogada Claudia González, exmandataria de la Cicig, también enfrenta un proceso penal sin sustento por el que estuvo privada de libertad y que le impidió seguir defendiendo a operadores de justicia criminalizados.
Y así podemos seguir nombrando a más de cien compatriotas (abogados, jueces, fiscales, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes y profesores universitarios, y líderes sociales e indígenas) quienes, acusados injustamente, se vieron forzados a salir al exilio para resguardar su libertad e integridad.
A ellos y ellas, que tuvieron que dejar a hijos, hijas y familias y poner pausa a su vida en Guatemala para empezar de cero en otro lugar, va dedicada esta columna, como un sentido reconocimiento a su lucha, valentía y dignidad. Este país, que expulsa por razones económicas y políticas, sigue en deuda con ustedes, así como con los millones de migrantes chapines que no pueden retornar.
Sepan que continuaremos luchando para lograr que este sea el último año de cárcel o exilio, y que en 2025 se abran los caminos que les posibiliten volver.
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