Se ha dicho por algunos, y por eso es tan incomprensible la actitud de la Fiscal General, que al existir anomalías en las firmas de afiliados de Movimiento Semilla, existe amenaza al proceso electoral y hasta un juez, bastante irresponsable, se animó a librar una orden de suspensión de la personalidad jurídica del dicho partido, pasando por alto, primero, que solo la Ley Electoral y de Partidos Políticos (con rango constitucional) establece los motivos para ello y no existe el que el togado dispuso; y segundo, que estamos en pleno proceso electoral.

Para tener una idea más a fondo, conviene saber que hay 31 partidos políticos inscritos, y entre todos ellos reúnen más de 925 mil afiliados oficiales, además hay 26 comités para la constitución de partidos políticos, es decir, estructuras recopilando firmas para convertirse en partidos.

Es lógico suponer que hay más de un millón de personas afiliadas y llama la atención como algunos partidos políticos registraron una cantidad de votos menor a la de sus propios afiliados. A la fecha hay más de 14 mil afiliaciones rechazadas registralmente. Con la lógica de algunos, debería existir el mismo número de denuncias penales, lo cual es imposible porque sería negar el proceso administrativo de depuración. Sin duda si existe algún delito deberá investigarse, pero son esos hechos la excepción a la regla.

En un principio la Ley Electoral estableció que los afiliados deberían firmar ante Notario y por eso encontramos la primera amnistía de nuestro proceso democrático en dicha ley. El artículo 263 dice: “Quedan exonerados de todo tipo de responsabilidad las personas que intervinieron en la tramitación y legalización notarial de documentos para la inscripción de comités para la formación de partidos políticos y de los partidos políticos con anterioridad a las elecciones del 3 de noviembre de 1985, con excepción del acto de celebración de las respectivas asambleas nacionales que llevaron a cabo cada uno de los partidos políticos que participaron en dichas elecciones por lo que los expedientes o procesos que hubieren sido instruidos al respecto deberán archivarse o sobreseerse, según el caso”.

Nuestra Constitución es legítima, por haber sido producto del debate libre y de ser resultado del pluralismo político, de ello no hay duda. No es una constitución discutida por quienes salieron electos en planillas únicas, como la producida por la Liberación o los gobiernos militares.

Es peligroso repetir como loro la falacia que al existir tacha de alguna firma de adhesión o afiliación se produce la nulidad de la elección o de la propia organización política, porque no hay partido que se salve, pero sobre todo porque jamás representa lo que se dice y sería poner en duda hasta la legitimidad de la propia Constitución, porque si bien los Notarios estarían exentos de responsabilidad, jamás eso significa la inexistencia de tachas.

Guatemala forjó procesos electorales reconocidos nacional e internacionalmente, no hay duda como desde Cerezo a Giammattei quienes han ocupado la Silla Presidencial son quienes han obtenido la mayoría de votos en una segunda vuelta, crear amenazas y utilizar la propia institucionalidad pública para deslegitimar las urnas son actos dolosos para crear ingobernabilidad, desorden e incertidumbre.

Nuestra República contempla varios mecanismos de control del poder, siendo el principal la elección de nuestros gobernantes cada 4 años, porque si la alternabilidad se evade replicaremos los horrores del pasado o copiaremos a nuestros vecinos.

Atentar contra la democracia electoral es un suicidio en un país donde la ausencia de certeza jurídica y política nos invade, la libertad solo puede ser ejercida en ambientes democráticos y pluralistas, es mentira quien pregone defenderla pero a la vez, con hechos u omisiones, la coarte.