¡Qué lamentable ha sido la situación que surgió en Cobán, Alta Verapaz, el 26 de marzo, cuando fueron capturadas dos personas que recolectaban pacayas en el Parque Nacional Las Victorias y fueron sindicadas de atentado contra el patrimonio natural y cultural de la Nación!

Se trata de Manuel Pop Cucul y Óscar Sun Cucul quienes quizás ni idea tenían de las restricciones al entrar en un área protegida y menos qué tan serio sería llevarse 96 pacayas del lugar. Sabiendo que el valor de las pacayas que se llevaron no ascienden ni a Q100, pero que la multa paró siendo por Q1 mil quinientos y que quizás pudieron haber sido encerrados en la cárcel por 10 años, no sabemos si reír o llorar por el incidente.

¿Y por qué lo vemos absurdo? Cuando vemos la deforestación que existe en el territorio guatemalteco que queda impune es cuando nos rascamos la cabeza tratando de entender. Sin embargo, si se permite el saqueo de especies en áreas protegidas, pronto damos cabida a un “contrabando hormiga” que, multiplicado por cien personas haciendo lo mismo, el impacto se torna grosero, y por ello existe la ley.

Aunque los campesinos ya salieron en libertad bajo la premisa de que deben prestar servicio comunitario por seis meses y que no deben volver a repetir la “fechoría”, es hora de que revisemos las categorías de uso del bosque para que sean coherentes con la realidad nacional. Por ende, al escuchar el testimonio del señor Wálter Nájera, alcalde de Sipacate, y a su abogado Élmer Salguero, quizás lo importante es estudiar el Tratado Ambiental y Cultural de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que todos aquellos productos que sean utilizados de forma de “costumbre” por nuestros ancestros deben ser respetados, y lo encontramos en el artículo 46 de la Constitución Política.

Según el ingeniero Carlos Martínez, secretario ejecutivo del Conap, el Parque Nacional Victoria es categoría 1, y es menos flexible en su uso y manejo, por lo que si quisiéramos el aprovechamiento de la pacaya en dicho parque, habría que hacer un diagnóstico para determinar si se le cambia de categoría. En Petén, el uso del xate ya está regulado bajo un manejo ordenado, para que la carga sea la adecuada.

¿A quién debemos culpar? ¿Al Conap? ¿A los campesinos que se llevaron las pacayas, ya sea por necesidad o por desconocimiento? ¿Al Inab que detuvo a los campesinos? En mi criterio, a ninguno, pues la ley es la ley, pero en el futuro debe haber mayor claridad en los delitos.

Ramiro Batzín, de la Organización Sotzil menciona que él fue parte del equipo que recientemente aprobó la lista de especies amenazadas (LEA) y procedieron en gran detalle con un análisis biológico. Sin embargo, en ningún momento se reparó sobre la pacaya. Por lo mismo, Batzín propone que se analicen los sistemas de conservación y se busquen alternativas que solucionen anomalías como la de esta captura, ya que quienes pierden son las comunidades.

Según Luis Castillo, de Asorema, el tema del cumplimiento de la ley es delicado, ya que las personas debieran hacer uso de los permisos que regulan el uso sostenible de los recursos naturales del bosque por medio del Conap. La gente debe acostumbrarse a tramitar permisos, y el Conap tiene como misión promover la cultura de la legalidad y facilitar procesos para que todos nos acostumbremos a ello.

En vista de que mucha gente no habla español, le sugiero al Conap que haga campañas por medio de diversos idiomas mayas, estableciendo lo que podemos o no hacer. Si no damos prioridad a la comunicación para un cumplimiento certero de las leyes, situaciones similares podrían volver a repetirse.