Nuestro país sufre un verdadero retraso hasta en las discusiones y propuestas políticas en esta época electoral. Algunos candidatos aseguran que respetarán la propiedad privada con el objetivo de acuñar el mote de comunista a cualquier monstruoso enemigo que se oponga a sus otras ocurrencias, desde donde se apuntan penas de muerte discriminadas, nula independencia judicial, cortes eternas y sobre todo discrecionalidad en el gasto, como lo demostraron sus respectivas bancadas en el Congreso.

La propiedad privada está reconocida como derecho humano. Para reformar esta disposición constitucional se requiere que el Congreso con dos tercios de sus miembros decida reformar el precepto que la garantiza y luego convocar a una Asamblea Constituyente compuesta por 160 diputados para decidir solo este aspecto, lo cual es bastante lejano en suponer.

Establecido el reconocimiento de nuestra Constitución a la propiedad privada como derecho humano, preguntémonos si se ha cumplido con el mandato que obliga a garantizarla, porque el texto dice: “El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos”. ¿Qué han hecho los gobiernos para garantizar su protección?

La semana antepasada vimos cómo el Concejo Municipal de Antigua Guatemala aprobó un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de forma ultrasónica y huyendo de los propios vecinos. Desconocemos si lo decidido por la autoridad municipal está bien o está mal, el punto es que es absurdo cómo el destino turístico más importante del país y en donde existen grandes capitales invertidos en propiedades se decida de esta forma. Si la Antigua desmejora como dicen algunos, las propiedades perderán su valor, pero por otra parte si mejora, la plusvalía también tendrá costos y beneficios importantes que en todo caso deberían ser públicos.

En este descanso de Semana Santa pasamos con un amigo cerca de un desarrollo inmobiliario enorme y de lujo en jurisdicción de Puerto de San José, pero los terrenos aledaños señalan que “se prohíbe el vuelo de drones” y el veto proviene de “vecinos organizados”, lo cual significa, sin duda alguna la existencia de algún problema legal entre quienes poseen la tierra y quienes, de seguro la tienen registrada, pero también este lío debe tener décadas y así ni los poseedores y mucho menos los propietarios pueden disponer de sus respectivos derechos, si es que existe el de alguno, y lo que es peor al parecer esta problemática existe en muchísimas áreas de nuestra costa sur en donde la ineficiencia de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (Ocret) peca de omisión en algunos casos, de corrupción en otros y descontrol en buena parte de su gestión, pero también las Municipalidades no son más que edificios para trámites burocráticos.

En 37 años de vigencia constitucional nuestros legisladores han sido indolentes para garantizar el derecho a la propiedad privada, porque este derecho sin garantías para solventar conflictos así como para asegurarla es una quimera.

El Código Civil y el Código Procesal Civil cumplirán el 1 de julio 59 años de vigencia y buena parte del marco conceptual del Registro de la Propiedad nos viene de la Revolución Liberal (1871), en consecuencia, es conveniente preguntarse ¿por qué los distintos gobiernos han boicoteado que en el país exista, primero un catastro y luego un marco registral moderno para después garantizar una justicia pronta y cumplida si han jurado defender este derecho humano para todos? Y eso que en esta ocasión no hablamos de las constantes falsificaciones de compraventas o donaciones que son el pan diario de nuestras autoridades, juzgue cada quien si su propiedad está o no garantizada.