Los ataques contra periodistas y medios independientes están arreciando en Guatemala. Las formas en las que se ataca también se están diversificando. Todos los días ocurren actos de intimidación y hostigamiento que van subiendo de tono en la medida en que las “advertencias” no cumplen los efectos deseados: el silencio y la autocensura.

Las redes sociales están llenas de mensajes de descalificación y odio. Y las agresiones se dirigen no solamente a la labor periodística, sino a la vida personal y familiar. En múltiples ocasiones las mujeres periodistas son objeto de acoso sexual y se demerita su trabajo por su condición de mujeres. Hay colegas en la ciudad, pero especialmente en los departamentos, que han sufrido agresiones físicas e, incluso, intentos de violación.

El uso del Derecho Penal como instrumento de criminalización contra medios y periodistas se está volviendo una práctica común y extendida en el país. Decenas de colegas enfrentan procesos judiciales por delitos que no cometieron. El solo hecho de estar en una cobertura periodística les ha significado la persecución y la cárcel.

El caso de la periodista Anastasia Mejía, de la emisora Xol Abaj, en Joyabaj, Quiché, ilustra cómo el Ministerio Público se ensaña en contra de quienes denuncian e informan sobre actos de corrupción a nivel local y nacional. Anastasia estuvo 37 días presa, y aunque se le dio una medida sustitutiva, está ligada a proceso por los delitos de sedición y atentado. Además de lo que significa en tiempo y recursos defenderse de una querella penal y del impacto emocional que una acusación infundada supone, el resultado concreto es alejar a las y los periodistas de su labor de informar e investigar.

Cuando los ataques provienen de actores estatales se abre la puerta para que las agresiones contra la prensa independiente se multipliquen. No es casualidad la coincidencia que existe entre los discursos de las autoridades del Estado en los que se cuestiona, denigra y descalifica a periodistas y a medios independientes y las campañas difamatorias que circulan en las redes sociales y en los medios aliados a los grupos de poder político y económico. El fin último de este tipo de ataques es mermar su credibilidad y la de las informaciones e investigaciones que publican y difunden.

A tal grado de hostigamiento se ha llegado que los estados de Excepción se están utilizando no solamente para quebrar la legítima resistencia de las comunidades que defienden sus recursos naturales y fuentes de agua, sino para terminar con el periodismo de medios digitales, locales y comunitarios. En El Estor, Izabal, las casas de los periodistas Baudilio Choc Mac, Carlos Choc y Juan Bautista, de Prensa Comunitaria, fueron allanadas en el primer día del estado de Sitio, en una muestra de hasta dónde el Gobierno está dispuesto a llegar para defender los intereses de la minera.

El uso de la legislación penal e incluso de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer para amedrentar a periodistas incómodos para los grupos de poder debe ser rechazado y denunciado. Es una vergüenza que una normativa que busca proteger a las niñas y a las mujeres de la violencia cotidiana que sufren en Guatemala se quiera retorcer para evitar la fiscalización de los recursos públicos y las investigaciones en torno a casos de gran corrupción. Periodistas y editores de medios como elPeriódico, La Hora, VoxPopuli y Artículo 35 están haciendo frente a querellas sin sustento por supuestos casos de violencia sicológica.

Lo que es preciso comprender es que los ataques contra el periodismo independiente impiden que la ciudadanía se informe sobre actos de corrupción, abusos de poder y negocios bajo la mesa. Por eso quieren silenciarnos, pero seguimos dando la batalla: No nos callarán.