Punto de encuentro
No es una pugna entre Arévalo y Porras
A la fiscal general se le busca destituir por violentar el mandato del MP.
El miércoles pasado, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, integrado por las juezas Verónica Elizabeth Ruiz Blau, Sonia Ninette Villatoro López y Dinora Benita Martínez Rodas, resolvió otorgar libertad condicional al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, por considerar que no existe peligro de fuga y tampoco riesgo de que, estando fuera de la cárcel, obstaculice la averiguación de la verdad en el primer proceso que se lleva en su contra.
Hasta el último minuto, el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche intentaron sabotear la audiencia a través de una recusación en contra de dos de las juezas integrantes del Tribunal, por “dudar de su imparcialidad”. No extraña. A Curruchiche y a su jefa cualquier operador de justicia independiente les resulta no “idóneo” para conocer los “casos” de la Fiscalía. Si por ellos fuera, solo deberían resolver los jueces/juezas integrantes de la lista Engels o los nominados como actores corruptos y antidemocráticos por numerosos países.
Apegadas a Derecho y sin dejarse intimidar por los ataques que desde un día antes circulaban en las redes sociales desde las cuentas —anónimas y de los socios del MP— que filtran información y amenazan con “cárcel o exilio”, las juezas realizaron la audiencia, basadas en el artículo 68 del Código Procesal Penal, que establece que “los actos urgentes que no admitan dilación” —es decir, la libertad de Jose Rubén Zamora, en prisión preventiva desde el 29 de julio de 2022— pueden ser conocidos a pesar de haberse interpuesto una recusación. “La privación preventiva debe ser la excepción. Esta deberá ser una medida cautelar y no punitiva”, sentenció el Tribunal.
Por supuesto, ni lento ni perezoso, el jefe de la Fiscalía Especial Pro-Impunidad (Fepi) anunció la apelación de esta decisión, en una actitud inversamente proporcional a la asumida cuando los beneficiados por resoluciones judiciales son los implicados en graves casos de corrupción como Alejandro Sinibaldi o José Luis Benito. Esto sin contar la práctica recurrente del MP de entrampar los procesos al no presentarse en las audiencias, para obligar a suspenderlas, extremo que ha sufrido no solamente Jose Rubén Zamora, sino el ex fiscal anticorrupción Stuardo Campo o la abogada Claudia González, exmandataria de la Cicig y defensora de varios de los fiscales y jueces criminalizados.
Porras Argueta procura impunidad para los corruptos y castigo para quienes les investigaron y juzgaron..
Pero Zamora no podrá salir de prisión, como lo ordenaron las juezas, porque otra práctica recurrente de Porras Argueta y sus militantes fiscales (el MP se parece cada vez más a un partido político) es fabricar varias causas penales en contra de una persona para mantenerla en prisión todo lo que les sea posible, tal como hicieron con Virginia Laparra.
Ahora mismo, Jose Rubén Zamora tiene pendiente que se defina si deberá enfrentar juicio por los delitos de obstrucción a la justicia (segundo caso) y uso de documentos falsos en forma continuada (tercer proceso), pero la audiencia para definirlo ha sido suspendida en siete ocasiones, siempre por acciones o incomparecencias del MP o los querellantes. Incluso trascendió la información de que la Fiscalía apeló ante la CSJ la resolución de una sala que trasladó el caso en contra de ocho periodistas y columnistas de diario elPeriódico a un tribunal de imprenta.
Por eso resulta grotesco que quieran instalar la idea de que estamos frente a una “pugna personal” entre Bernardo Arévalo y Consuelo Porras. A Porras Argueta se le busca destituir porque, incumpliendo el mandato del MP, procura impunidad para los corruptos y castigo para los fiscales y jueces que les investigaron y juzgaron. Y porque, violentando la Constitución, quiso anular las elecciones y lo sigue intentando. Y esos, por más fiscal general que sea, son motivos suficientes para separarla del cargo.
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