Cada vez se amplía más el movimiento de protestas a nivel nacional por la corrupción desmedida de este gobierno y los abusos y arbitrariedades cometidas en el proceso electoral y el sistema de justicia. El objetivo de los manifestantes ya no es solo pedir la dimisión de la fiscal general, el fiscal Curruchiche y el juez Fredy Orellana; sino ahora se suma también la petición de renuncia de Giammattei, como único responsable de haber ocasionado esta crisis y no detener los bloqueos.

Manifestarse es un derecho constitucional, pero un bloqueo, en cambio, viola el derecho a la libre locomoción. No pueden exigirse peticiones justas si para ello se obstaculiza el paso de los ciudadanos que necesitan llegar a sus lugares de trabajo. De esta manera se pierde totalmente la legitimidad de la petición porque están transgrediendo los derechos de la mayoría.

Una manifestación, en cambio, es una reunión en un lugar público (parques o plazas) para expresar una opinión o petición y el descontento de parte de la población. Así lo hacen en los países más desarrollados; es válido y tiene efectos reales. Lo que podría ser un movimiento inclusivo, en el cual participaran todos los sectores de la población que se vieran identificados con una causa justa, lo han convertido en una batalla de odio y resentimiento de clases sociales, violando los derechos de los demás.

Los 48 Cantones se han convertido en los villanos, por haber bloqueado las carreteras, y de víctimas pasan a ser victimarios, por quebrantar los derechos de locomoción de los guatemaltecos. Mientras tanto, al presidente esto no le quita el sueño porque son los sectores de la población que menos le importan. ¿Acaso causaron algún impacto en el mandatario los 15 días de bloqueos? ¿será acaso que va a renunciar alguno de estos personajes? Obvio que no. En otros países, obstaculizar las carreteras es un delito penal de hasta 6 años de prisión.

Lo importante ahora, si es que realmente se quieren generar cambios sustanciales y legítimos, es organizar manifestaciones inclusivas, porque, sin duda alguna, toda la ciudadanía reconoce la corrupción estatal y exige una depuración total de esta clase política que nos ha llevado a la ruina. Necesitamos cambios urgentes, ya que hoy tenemos un Estado corrupto que garantiza la impunidad. La importancia de la libertad de la reunión pacífica, como un derecho político fundamental en una sociedad democrática, es un hecho real y necesario para obtener cambios, pero indiscutiblemente cualquier manifestación debe respetar los derechos de movilización de los demás.

El impacto económico de los bloqueos ha sido significativo, con pérdidas estimadas en miles de millones de quetzales. Los agricultores han sido especialmente afectados, ya que no pueden transportar sus productos a los mercados. Además, los bloqueos han causado retrasos en la entrega de suministros médicos y alimentos, lo que ha afectado a las comunidades más vulnerables del país. La interrupción en el flujo de mercancías y la paralización comercial están causando grandes pérdidas para las empresas y trastornos en la cadena de logística, según señalan diversos sectores. Los más afectados son los ciudadanos honrados y trabajadores, que no viven de la corrupción. Ya han cerrado restaurantes, hoteles, y muchas personas han sido despedidas de su trabajo por no poder presentarse.

Estamos en una democracia que nos garantiza derechos, tener una opinión, expresarla, manifestarla y hacer una petición. Sin embargo, la situación de bloquear es otra cosa. Esto es inadmisible y ha generado tensión y violencia entre los que obstruyen el paso y las fuerzas de seguridad, así como entre los propios ciudadanos que se ven afectados.