En octubre de 1944, la ciudadanía salió a las calles para protestar contra la dictadura de Jorge Ubico. Esa hazaña revolucionaria fue encabezada por trabajadores, campesinos, indígenas y universitarios que pusieron fin a los abusos de poder que se habían prolongado por 14 años. Uno de los logros de esa gesta fue la realización de las primeras elecciones libres y democráticas del país. Hoy, 79 años después, los pueblos originarios de nueva cuenta han salido a rechazar los abusos de poder que tratan de pasar sobre lo más sagrado de la democracia: el voto ciudadano. Desde hace dos semanas la marea humana se ha sentido en los 22 departamentos del país para exigir el cese del golpe de Estado técnico que busca evitar que tome posesión el presidente electo, Bernardo Arévalo. La iniciativa fue de los dirigentes indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán, cuyo ejemplo se ha extendido a nivel nacional, donde la voz de protesta se combina con expresiones culturales y lúdicas que muestran el ingenio y la solidaridad popular.

El presidente Giammattei, la fiscal Consuelo Porras, la Corte de Constitucionalidad, los partidos tradicionales y las cámaras empresariales han tildado de delincuentes y terroristas a quienes defienden su voto. En la red social X, el abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac recuerda que, en Derecho Político, el derecho de resistencia contra la opresión es la facultad inalienable que tiene la ciudadanía para adversar regímenes despóticos e ilegítimos. Es la facultad que le asiste al pueblo para reivindicar los derechos fundamentales amenazados o coartados, así como para defender la institucionalidad democrática y la participación ciudadana, lo cual está contenido en la Constitución Política. En esta ocasión, esos derechos son reivindicados por los pueblos originarios, quienes han sido menospreciados por Giammattei, quien, con mentalidad racista, cree que pueden ser manipulados, como él lo hace con el sistema político.

Las demandas del movimiento ciudadano son muy claras: poner un alto a las acciones ilegales que intentan vulnerar la voluntad popular expresada en el voto. El martes pasado se confirmó, por boca del diputado oficialista Boris España, que Consuelo Porras insiste en atacar el proceso electoral. El parlamentario reveló que el Ministerio Público en breve dará a conocer un caso que involucra a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por la supuesta sobrevaloración en la compra de un sistema informático para los comicios. ¿Por qué España tiene tantos detalles si el caso está bajo reserva? ¿Cómo el MP puede investigar a tales magistrados si estos tienen derecho de antejuicio? Eso demostraría las artimañas y el contubernio entre Porras, Giammattei y sus aliados políticos, quienes insisten en anular las elecciones, para lo cual primero necesitan eliminar a las autoridades electorales.

Giammattei y su pacto de corruptos no engañan a nadie. Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo en forma contundente que de ninguna manera se pueden criminalizar las protestas pacíficas del pueblo guatemalteco porque le asiste la razón. Almagro calificó de “injustas e indignantes” las acciones que lleva a cabo el MP, dirigido por Consuelo Porras. “Incluidas las acciones sesgadas e irracionales de algunos agentes del MP que socavan la independencia del voto y amenazan la estabilidad democrática”, afirmó Almagro. Entonces, ¿quiénes son los terroristas que están poniendo en peligro al país? Indudablemente no son los ciudadanos en pie de lucha. Por ello, cualquier diálogo que se impulse para resolver la crisis nacional pasa por la participación directa de los dirigentes de los pueblos indígenas. Ellos son la vanguardia del movimiento en defensa del voto y representan la dignidad ciudadana, igual que ocurrió en el amanecer de octubre de 1944.