El día de las madres es un día especial para todas las que somos madres porque hemos querido serlo. Lamentablemente, para muchas mujeres todavía es un destino predefinido por la convención social, no necesariamente por la convicción personal. Peor aún, en demasiados casos es el resultado evidente de violencia sexual, frecuentemente sufrida de manera recurrente. El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar) reportó que solo en el 2021 se registraron 72,077 nacimientos de niños y niñas cuyas madres tenían entre 10 y 19 años de edad; 2,041 fueron de niñas-madres entre 10 y 14 años. Como señala el informe del Osar, toda niña embarazada es igual a violencia sexual y, por consiguiente, un delito. Para marzo 2022 había ya 19,024 nacimientos en menores de 19 años, de los cuales, 566 fueron en niñas entre 10 y 14 años. Huehuetenango, Guatemala, Alta Verapaz, San Marcos, Quiché, Petén y Quetzaltenango muestran el mayor número de casos.

No hay visos de que esta situación tienda a mejorar, a pesar de que, desde el 2013, existe algo que se llama “Ruta de atención integral a las niñas víctimas de violencia sexual”, que supuestamente integra las acciones de distintas entidades del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Renap y PGN, con el objetivo de procurar la protección y el bienestar de las niñas-madres, restituirles sus derechos y disminuir el daño provocado a sus vidas. Por parte del Organismo Ejecutivo, las responsabilidades principales recaen en los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social.

Desde 2015, el Osar monitorea la “Ruta” en tres departamentos con alta incidencia de casos. Los resultados son poco alentadores: señala el Osar que “las condiciones de vulnerabilidad, pobreza, revictimización y no acceso a la justicia han sido contantes en estos casos”. Un ejemplo claro de esto es el programa “Vida”, creado por el Mides en 2017, con una transferencia monetaria condicionada que se entrega a niñas violadas que quedaron embarazadas (es decir, no incluye a las que fueron violadas pero no quedaron embarazadas), a cambio de cumplir con la corresponsabilidad de asistir a los servicios de salud.

Cualquiera diría: ¡Qué bien, algo están haciendo! Pero, para variar, dicho programa tiene tantos problemas de diseño y operativos que terminan por anular su finalidad. Para comenzar, su cobertura es absurdamente limitada: entre 2018 y 2019 cubrió apenas a 136 niñas embarazadas, de 3,745 denuncias de embarazos reportados en ese período. En 2021, “Vida” cubrió a 164 niñas menores de 14 años, según la Agencia Guatemalteca de Noticias. Es decir, apenas un 8% de los casos que hubo ese año. Segundo, el diseño del programa es excluyente y burocrático: por ejemplo, las niñas-madres entre 10 y 12 años no reciben estipendio; también puede dejar sin cobertura a niñas que fueron violadas por alguien que NO era su familiar. Tercero, solo cubre a niñas-madres cuyos casos han sido judicializados y que el juez ya ha ordenado que se brinde la protección social, que, de paso, entregan con mucho retraso, cuando la entregan. Encima, el programa no prioriza los departamentos donde hay más incidencia de embarazos en niñas. Por si fuera poco, tiene una asignación anual de apenas un millón quinientos mil quetzales, y peor: ¡ni siquiera logran ejecutarlos en su totalidad!

Si se hiciera una evaluación completa de toda “La Ruta”, seguramente encontraríamos cosas horroríficas como estas en otros programas y dependencias involucradas. Lo que más alarma es que parece bastar con poder anunciar que se tiene “un programa” y ponerle el rimbombante antónimo de “Vida” para pensar que ya se les cumplió a las niñas-madres de este país.