En marzo de 2007, la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachellet, llegó a Guatemala y se reunió con 300 mujeres. Entre ellas, la mayoría éramos mestizas/ladinas (según nos guste llamarnos). Había pocas mujeres indígenas, entre las que creo recordar a Rigoberta Menchú y Rosalina Tuyuc, quienes venían abriendo brecha desde la década anterior. Al dirigirse a nosotras, Bachellet expresó su satisfacción por estar entre aquel “mujerío”.

El 17 de octubre recién pasado, a 12 años de aquel otro encuentro, se llevó a cabo el Foro Público “Mujeres indígenas desafiando y aportando a la democracia”, convocado por ONU Mujeres y la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. En un hotel capitalino, nos habíamos congregado más o menos el mismo número que en aquella reunión con Bachellet, pero esta vez la correlación había cambiado: la mayoría eran indígenas y contábamos con los dedos de una mano a las que no lo éramos. Incluso entre las panelistas, la única no indígena era yo. Estaban Tania Pariona, una joven excongresista de Perú; Olga López, excandidata a diputada de Guatemala; Alma López Mejía, exconcejala de Quetzaltenango; y Teresa Zapeta, directora del Fondo Internacional de Mujeres Indígenas. Todas ellas con voces recias y presencias fuertes.

“Sin mujeres y sin pueblos indígenas no hay democracia”, dijo Ortencia Simón al inicio de la actividad. Sin embargo, y aunque en general las mujeres ahora participamos más y hemos alcanzado una histórica mayoría en el padrón electoral guatemalteco, hay pocas o ninguna mujer indígena en los puestos de decisión. En las recientes elecciones, Thelma Cabrera, mujer indígena, consiguió un cuarto lugar, con el 10% de los votos totales; sin embargo, entre 340 alcaldes solo fueron electas 10 alcaldesas, ninguna de ellas indígena. De los 160 diputados que van al Congreso, 129 son hombres y 31 son mujeres, 28 mestizas/ladinas y tres mayas. Estamos ante una democracia falseada, porque aunque votamos más y “casi” llegamos, las mujeres seguimos sin participar en las decisiones fundamentales de la política pública guatemalteca.

Las normas fundamentales que cada sociedad acepta están en sus constituciones y sus biblias. Según eso, son las leyes de los hombres y las leyes de Dios las que demarcan nuestro accionar. La pregunta es ¿quiénes escribieron esas normas, para quiénes y para qué? No recuerdo a mujeres participando en la elaboración de ninguna Constitución o Biblia. Es fácil, entonces, ver cómo se construyen las estructuras de poder que se expresan a través de las normas e instituciones de una sociedad patriarcal, machista, racista y clasista como la nuestra, definiendo lo que deben y pueden hacer una mujer y un hombre, e impidiendo la participación de las mujeres en los diversos campos de acción, por siglos.

“A más de setenta años de la instauración del sufragio femenino en Guatemala, la participación política de las mujeres guatemaltecas está muy lejos aún del promedio regional”, dice el estudio de ONU mujeres “La participación política de las mujeres en Guatemala: una mirada hacia la paridad democrática (2018)”. Y aunque las mujeres indígenas han estado en las últimas décadas en el centro de las agendas de la justicia para pedir las garantías de no repetición, aún queda lejos eso de la participación política paritaria.

Termino por recordar que en 2018 hubo más de 114 mil niñas y adolescentes embarazadas, casi todas por violación, porque un problema de salud pública como ese permite entender cómo se define la participación de las mujeres en la construcción de un país. El camino está abierto, pero el músculo hay que ejercitarlo. No solo hay que romper el techo de cristal, sino las paredes y los pilares de cristal de un orden que nos ha separado entre nosotras y nos ha alejado de “lo público”, suponiendo que nuestro único gobierno es el del hogar.